El Gobierno presentó la legislación que busca sustituir la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que vence el próximo 31 de enero.
El representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez, explicó en una mesa informativa los detalles del Proyecto de la Cámara 675, que propone crear la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico. Este comentó que la medida espera pagar a los bonistas a la vez que se mantienen los servicios esenciales. Sin embargo, dijo que aún se encuentran en el proceso de definir cuáles son esos servicios y agregó que esa definición se incluirá en el plan fiscal.
Asimismo, Sánchez declaró que el plan fiscal “será la base y fundamento de todo”. Se espera que este sábado la Junta, en su cuarta reunión, decida si le extiende al Gobierno el plazo de entrega del plan, que vence este 31 de enero hasta el 28 de febrero.
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El Gobierno y la Junta evaluarán primero las agencias más grandes, que componen el 80 % del gasto, agregó.
La ley que está por expirar expone “una moratoria temporera para los pagos del servicio de deuda del Estado Libre Asociado, el Banco Gubernamental de Fomento, el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico o cualquiera de las demás instrumentalidades gubernamentales de Puerto Rico”.
Mientras, la nueva legislación expone que el gobernador deberá pagar en la medida de lo posible el servicio de la deuda sin afectar los servicios esenciales. También se indica que “durante el periodo de emergencia, el gobernador puede emitir órdenes ejecutivas para requerir el uso de los recursos disponibles para que se depositen en una cuenta llamada lockbox account, que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) controlará, “y pagar por servicios esenciales, según el gobernador estime necesario, para proteger la seguridad, salud y bienestar de los residentes en Puerto Rico”.
En la explicación del proyecto de Ley de Emergencia Financiera, el representante del Gobierno ante la Junta destacó los esfuerzos que han hecho, como reducir los puestos de confianza y el tamaño del Gobierno. Este también declaró que “el gobernador necesita una herramienta ante la realidad de los impagos”.
De igual forma, explicó que el país tiene 1,300 millones de dólares en pagos atrasados y que cuentan con que la Junta también apruebe la extensión para el 1 de mayo de la moratoria federal, que vence el 15 de febrero. El funcionario explicó que sin el proyecto que sustituye la moratoria local y la extensión de la moratoria federal el Gobierno no podría operar. La moratoria impuesta por la Ley PROMESA paraliza los pleitos de los bonistas con el Gobierno de Puerto Rico.
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El funcionario destacó que una de las prioridades del Gobierno es negociar de buena fe con los bonistas. Este declaró que, de negociar la deuda sin utilizar al capítulo III de PROMESA, sería la reestructuración de deuda municipal más grande de Estados Unidos, llevada a cabo fuera de los tribunales.
Sánchez aprovechó para culpar al gobierno de Alejandro García Padilla y recalcó que esa administración gastó “$400 millones en asesores en los pasados años”.
Sobre el poco tiempo para aprobar la medida, Sánchez dijo que “la Asamblea Legislativa atenderá esto con la premura que amerita”. El pasado lunes, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, declaró que podría haber sesión el próximo sábado debido a la premura con la que deben atender dicho proyecto. “Nosotros estamos en perfecta sintonía en ese sentido con el señor gobernador y habremos de aprobarlo de manera expedita, por razón de las circunstancias en las que nos han entregado el Gobierno. No anticipo ninguna dificultad de que el proyecto de la moratoria se apruebe tanto en Cámara como en Senado como lo discutimos en la mañana de hoy (lunes)”, aseguró en ese momento.
Reacciona García Padilla
Por su parte, el exgobernador Alejandro García Padilla indicó que con la nueva ley de moratoria de Rosselló “me dieron la razón. Que a pesar de que el PNP le votó en contra, la ley que yo presenté de moratoria era la correcta y que estuvo bien hecha. Ahora van a hacer lo mismo que hice yo”.
“El PNP se opuso a la crudita. ¿Por qué no la bajan? ¿A que no la bajan? ¿Por qué no han bajado el IVU que tanto criticaron? El gobernador ya ha firmado leyes. ¿Por qué esa no fue la primera? No hay nada que se los impida”, añadió.
