El Experto Independiente de Naciones Unidas sobre deuda externa y derechos humanos hizo un llamado para alcanzar soluciones justas a la gran crisis de deuda en Puerto Rico, tras advertir que un incremento en las medidas de austeridad amenazaría los derechos humanos de los residentes y empeoraría los niveles ya “intolerables” de pobreza en ese territorio de los Estados Unidos.
Juan Pablo Bohoslavsky, quien ha solicitado a los Estados Unidos una invitación para realizar una visita de investigación en Puerto Rico, exhortó a que se adopte una reducción significativa de la deuda para alcanzar niveles financieros y sociales sostenibles.
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“Asegurar la estabilidad financiera, controlar la deuda pública y reducir los déficit presupuestarios constituyen objetivos importantes, pero no deberían lograrse a expensas de los derechos humanos”, señaló el experto en una declaración (en inglés) detallada sobre las crisis.
“La población no puede quedar como rehén de prácticas irresponsables de toma y otorgamiento préstamo realizadas el pasado”, remarcó. “La economía debería servir a las personas, no al revés. Las pérdidas deben ser distribuidas equitativamente. Los tenedores de bonos, incluidos los inversores en fondos de alto riesgo, deben asumir su parte equitativa de las pérdidas”, agregó.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico que lidia con la crisis debe asegurar que los derechos económicos, sociales y culturales no sean afectados al dar prioridad absoluta a los derechos de los acreedores y la imposición de una austeridad excesiva, señaló Bohoslavsky.
Este destacó las recomendaciones del grupo de trabajo del Congreso de los Estados Unidos a favor de un financiamiento federal más justo de los programas de seguro de salud y mayores créditos fiscales para las familias.
“La reducción de la carga impositiva de las familias con hijos es una de las muchas medidas que se requieren para combatir los niveles intolerables de pobreza en Puerto Rico”, dijo el Experto Independiente, quien subrayó que casi el 60 por ciento de los niños en la isla vive en la pobreza.
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“El plan fiscal de Puerto Rico necesita prevenir mayores daños a aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Las medidas de reforma deben garantizar la protección de los derechos a la salud, a la alimentación, vivienda y seguridad social”, indicó.
“Sencillamente, la isla no puede afrontar mayores niveles de austeridad”, resaltó el Bohoslavsky. “Después de 10 años de depresión económica, nuevos recortes en el gasto no contribuirán a una recuperación económica sino que acelerarán la emigración y perjudicarán la provisión servicios públicos esenciales”, añadió.
El experto recalcó el particular efecto de la crisis de la deuda en las personas con discapacidades y señaló que los residentes en Puerto Rico reciben en promedio 74 dólares al mes por concepto de ayuda federal para gastos de manutención, en comparación con los 540 dólares promedio que se reciben en la parte continental de los Estados Unidos.
“El costo real de la vida no justifica esas diferencias en la ayuda pública”, dijo. “Según el derecho internacional, los Estados Unidos son responsables de asegurar que los derechos sociales de todas las personas que viven bajo su jurisdicción sean totalmente protegidos, sin ningún tipo de discriminación”, sentenció.
La declaración del Experto Independiente ha sido apoyada por la Leilani Farha, Relatora Especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y la Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
