Hace cuatro meses, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una historia que revelaba que al menos 105 menores de edad fueron vacunados contra el COVID-19 por proveedores, públicos y privados, en la Isla. En aquel momento, teníamos los datos del Registro de Vacunación del Departamento de Salud hasta el 23 febrero. La información apuntaba a que 40 centros habían administrado al menos la primera dosis de la vacuna a menores de 0 a 17 años desde el 16 de diciembre de 2020 hasta el 5 de febrero de 2021. Estos casos dejaban ver que niños y adolescentes fueron vacunados cuando no se suponía, algunos incluso fuera de las guías de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades del momento: no se podía vacunar menores de 16 años en ninguna de las fases.
Cuando se le cuestionó al Departamento de Salud esta información sobre los menores de 16 años que aparecían vacunados, la agencia dijo, a través de su portavoz Lisdián Acevedo, que las fechas reflejadas en la base de datos de la agencia eran “un error” en la entrada de datos. Dijo, además, que el hallazgo debía ser informado a, e investigado por la plataforma VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), que recoge a nivel de Estados Unidos los datos de todas las vacunas administradas. Los proveedores de salud que pusieron estas vacunas contactados por el CPI dieron respuestas similares.
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*Gráfica del 17 de marzo de 2021. / Centro de Periodismo Investigativo
En cuanto a los de 16 y 17 años vacunados fuera de fase, tanto Salud como los proveedores se justificaron con argumentos que en la mayoría de los casos resultaron ser falsos, tales como que se trataba de participantes del Programa de incapacidad intelectual de Salud, o de practicantes o internos de profesiones de la salud en hospitales, e incluso que eran empleados o contratistas de oficinas médicas que no atendían pacientes, como mensajeros. Las fuentes del CPI indicaron que muchos eran en realidad familiares y allegados de médicos o de personas conectadas con la industria de la salud o el gobierno. El propio Registro de Vacunación ubica a la Guardia Nacional, o sea al Gobierno, como segundo en la lista de los que vacunaron fuera de fase a menores.
Pasaron los meses y ni la agencia ni los proveedores anunciaron el estatus de la investigación que dijeron habían iniciado. Se continuó con la vacunación, se ampliaron las indicaciones médicas para la vacuna Pfizer (ya puede ser administrada a personas de 12 años o más), y el Gobierno hasta ofreció remuneración económica para que la población se animara a vacunarse.
Ahora nos enteramos de que varios proveedores de vacunas están siendo investigados por la Oficina de Investigación del Departamento de Salud por haber vacunado a 87 menores de 12 años. Según Cardona, no fue hasta finales de junio que la agencia inició la pesquisa tras ser alertados por los mismos proveedores.
Los hechos dejan muchas preguntas por contestar: ¿Qué pasó con la investigación que se iba a iniciar a finales de marzo, tras las denuncias del CPI? ¿Por qué no se activó a la Oficina de Investigación de Salud en aquel momento en que se aseguró que se indagaría? ¿Por qué la Dra. Iris Cardona, principal oficial médico de Salud y persona a cargo de la vacunación desde la administración pasada sigue refiriéndose a los casos de menores vacunados como “errores” cuando ella misma reconoce que estas inoculaciones no son casos aislados? Si en marzo había 105 récords de menores vacunados y hoy hay 87, ¿cuál fue la metodología para enmendar el Registro de Vacunación? ¿Por qué, luego de siete meses de establecida, la estrategia de Salud para inmunizar al país sigue teniendo este tipo de fallas y traspiés? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para estos proveedores que han administrado vacunas ignorando las guías de las autoridades sanitarias?
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A pesar de todas las amenazas públicas a los infractores hechas por el secretario de Salud, Carlos Mellado, hasta ahora la agencia no ha tomado acción en un solo caso de alegada violación de las reglas para la vacunación contra el COVID-19.
Este comentario publica en Metro Puerto Rico como parte de un acuerdo colaborativo con el Centro de Periodismo Investigativo.
