De lanchas y administración pública

Por Rafael Lenín López

Puerto Rico no ha podido sacar los pies del plato sobre muchos aspectos fundamentales y críticos para nuestro desarrollo social. Por mencionar algunos, llevamos décadas tratando de establecer un plan coherente y viable de salud pública. Aún no se comprende cómo se debe manejar el problema de seguridad pública. Nuestra clase política no acaba de producir ideas contundentes para estimular la economía y se limitan a presentar propuestas aisladas sobre diversos renglones que terminan en un desparramiento de recursos públicos que no rinden efectos significativos. Así, por el estilo, podemos mencionar otros tantos grandes problemas que no podemos atender correctamente.

Sin embargo, hay uno de esos “problemitas” que nos demuestra porque no hemos podido resolver todos los demás. Hablo de la incapacidad que ha tenido el Estado en ofrecer una sistema funcional que permita que tres municipios separados por el mar se conecten. Somos un archipiélago, y el Gobierno y los que aspiren a administrarlo tienen que atender esa realidad. Nuestros administradores públicos tienen que atender esa realidad con el mismo sentido de prioridad con el que ejecutan las demás propuestas que buscan fomentar el bien común.

Por décadas, nuestro gobierno no ha podido organizar un sistema de lanchas que transporte a visitantes y residentes entre tres puntos de manera eficaz.

En tiempos recientes, el Gobierno ha logrado estabilizar ese sistema significativamente. Así ha sido celebrado por el gobernador Alejandro García Padilla y el secretario del Departamento de Transportación, Miguel Torres.

Pero ahora ocurre lo de siempre con los sistemas públicos que logramos arreglar. Los queremos vender. Claro, con mentalidad de negociante privado, arreglamos el producto para que se venda mejor en el mercado.

Ayer los empleados de la Autoridad de Transporte Marítimo, con el apoyo de los alcaldes de Vieques y Culebra, paralizaron el sistema de lanchas argumentando que el Gobierno central les mantenía ajenos a sus planes de privatizarlo. Se quejaron de una total falta de transparencia en las transacciones que se llevan a cabo sobre los asuntos que les afectarán. Se trata de un planteamiento totalmente válido. El Gobierno no puede manejarse en cuartos oscuros.

En medio de la discusión, el alcalde de Vieques, del Partido Popular, dijo que, si van a manejar el Gobierno como un negocio privado, pues “que lo cierren”, un señalamiento que va al fondo de la discusión de lo que debe ser el propósito de la administración pública.

La administración pública está para servir el bien común, el interés colectivo. La administración pública no busca la ganancia, sino el manejo eficiente de sus recursos para atender satisfactoriamente las necesidades colectivas. Soy consciente de que las nuevas tendencias mundiales en el ejercicio de la administración pública, sobre todo ante las crisis fiscales de los gobiernos, es delegar funciones. Sin embargo, aquí se opta por lo más fácil y conveniente para el político, dejárselo todo al negocio privado. Aquí poco se contempla, por ejemplo, delegar funciones a organizaciones sin fines de lucro no gubernamentales. Claro, porque ello no es sexy para los donantes que ayudaron a llegar al poder. Antes de eso, no se examina una justa distribución de las riquezas para atender los problemas verdaderamente importantes.

Los sistemas de transporte público son perdidosos en todas partes del mundo. Sin embargo, se sostienen bajo la premisa de que se atiende una necesidad social y se evitan otros tantos problemas que surgen como consecuencia de que no se tuvieran. Aquí el Gobierno y mucha gente que no pasa por las necesidades que viven los que invocan esos servicios ven como una carga —casi que ofende— que tengan que destinarse recursos de las contribuciones ciudadanas para transportar gente de un punto A a un punto B. Ellos, gobernantes y ciudadanos, no comprenden la naturaleza de la administración pública.
En medio de la discusión ayer, escuché algo peor al plan que se tiene para privatizar el servicio sin rendir cuentas al país. Escuché que uno de los candidatos propone resolver el problema habilitando uno de los espacios en el muelle público para que una empresa privada pueda ofrecer servicios, siendo esa la “alternativa” ante los recurrentes problemas. O sea, es como si al lado del terminal de la AMA en Río Piedras ponemos un servicio de taxi con carros marca Ferrari, ofreciendo servicios rápidos, como reloj suizo, pero más caros. Pero ahí están. Y el gobernante repetirá: “Such is life” si no puedes pagarlo.

A menos de tres semanas de las elecciones y con la realidad de que el próximo gobernante tendrá que lidiar con una Junta de Control Fiscal que parece pretender desmantelar la cosa pública, el país necesita a una persona que crea en la administración pública como el mecanismo único que garantiza una atención sincera, no lucrativa, al bien común. Esperemos.

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