No se usted, pero yo estoy preocupado. Preocupado por el rumbo general del país y las implicaciones que a corto y largo plazo van teniendo los recortes de la Junta Fiscal. Ya mañana son 5 años de PROMESA, la ley del Congreso de Estados Unidos que ha permitido la presencia de ese ente todopoderoso que con su presencia no ha hecho otra cosa que certificar el carácter colonial de nuestra relación política con los Estados Unidos. Un “yo ordeno y usted obedece” en toda norma. Y lo que manda la Junta hasta ahora es el recorte de gastos en búsqueda de ahorros para pagar las deudas del país. Si se mira con detenimiento detrás de múltiples de nuestros problemas, los recortes de la Junta son protagonistas tras bastidores. Mire usted a la policía. Todos sabemos que faltan agentes. Pero para graduarlos y pagar sus salarios se necesita dinero. Y no está presupuestado. Ahora observe el Departamento de la Familia. El personal allí no es suficiente para los problemas del sistema y de un país con un grado mayor de pobreza cada año. Pero si no se asigna dinero para contratar trabajadores sociales es imposible contactarlos. Y la Junta no ha aprobado esos fondos. Eche el ojo ahora sobre Recursos Naturales y la Junta de Calidad Ambiental. Ambas agencias tienen un rol fundamental para proteger nuestros recursos naturales y el cumplimiento de leyes ambientales. Pero Recursos Naturales no cuenta con el personal (hay quien podría argumentar que tampoco la voluntad) para hacer cumplir las leyes que custodia. La academia de vigilantes no tiene presupuesto para graduar nuevos funcionarios desde 2016. Así que apenas hay personal para proteger parques naturales y áreas conservadas por lo que de “conservadas”y “Reservas” tienen en la práctica sólo su nombre. Pero la Junta no aprueba dinero para esos menesteres.Y la lista de problemas vinculados a los recortes continúa.
Pero quiero concentrarme ahora en nuestro patrimonio histórico y cultural. Ese queda en manos de brazos gubernamentales que han sido vapuleados por los recortes presupuestarios y promovidos por los gobiernos y la Junta. Mire por un momento el Instituto de Cultura Puertorriqueño. En la pasada década el presupuesto de ese custodio del patrimonio nacional ha visto reducido su presupuesto en un 90%. Y el asunto es solo parte de una agenda histórica. Basta con conversar con empleados veteranos de la agencia para que confirmen el dato de que hace 20 años el Instituto tenía 450 empleados. Ahora apenas tiene 80. Su nómina reciente solo rondaba los $5 millones, pero la Junta y el Gobierno solo querían darle $3, lo que implicaría el despido adicional de funcionarios.
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La historia es similar con la Orquesta Sinfónica. En junio de 2019 la Junta pidió que se recortara $1.3 millones del presupuesto de la Orquesta. En esta ocasión ha insistido en un corte de $700 mil adicionales que llega en momentos en que esa institución ya tiene un déficit por concepto de los recortes de $900 mil. Si ese dinero no se allega, habría despidos y el emblemático Festival Casals, el más importante de la región, desaparecería. Por no hablar de la liquidez de las pensiones de los empleados. Ni hablar del Conservatorio de Música.Los recortes de la Junta han diezmado la cantidad de profesores disponibles para impartir cursos y eso ya ha provocado que la Middle States Commission on Higher Education amenace con eliminar la acreditación de varios de los programas de esa institución. La Junta ha decidido que no permitirá que $500 mil provenientes del arbitrio del tabaco se distribuyen entre el Conservatorio y la Escuela de Artes Plásticas y diseño. El machete ha sido la orden del día.
Para añadirle al agravio, nuestra más importante institución educativa y cultural, la Universidad de Puerto Rico, ha recibido recortes que superan los $400 millones de dólares, lo que ya se ha advertido que pondrá en riesgo a esa institución.
Entonces, ¿qué es lo que se pretende? ¿Acabar con nuestro acervo? Pero, aún más importante, ¿estamos dispuestos a permitirlo?
