El afán de los partidos PNP y PPD en privatizar los servicios públicos esenciales nos ha llevado a una crisis energética en plena época de huracanes a la vez que seguimos atravesando una secuencia sísmica. En los primeros días de LUMA, sobre 900,000 personas quedamos sin energía eléctrica, producto de un incendio en un lugar vigilado por cámaras de seguridad y con acceso restringido solo para empleados y empleadas de LUMA. Es muy importante resaltar que el incendio fue atendido por los servicios públicos que le ofrecieron a LUMA los Bomberos de Puerto Rico. Esto confirma la importancia de que nuestros servicios esenciales se mantengan en nuestras manos, es decir, que sigan siendo públicos.
Desafortunadamente, el pasado sábado la mayoría del PPD en la Cámara de Representantes aprobó los Proyectos 823, 824 y 825, cuyo fin es transferir escuelas públicas, carreteras secundarias y terciarias e instalaciones deportivas del Departamento de Recreación y Deportes a los municipios. Dichos proyectos no tuvieron vistas públicas, ni se consultaron a los sindicatos, organizaciones profesionales y personas o sectores afectados. Esta movida a la carrera es totalmente contraria al presupuesto que aprobó la Cámara que, a su vez, reduce los presupuestos a los municipios.
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La transferencia de las responsabilidades del gobierno central a los municipios, cuyo presupuesto y personal es muy limitado, ha tenido el efecto de privatizar parques y playas, todo porque los municipios no cuentan con los recursos para asumirlos. Esto ha provocado situaciones como la de Rincón, donde se utilizan nuestras playas para la construcción desmedida, acciones que atentan contra nuestro medio ambiente.
Además que, al igual que pasó con LUMA, esta legislación pone en riesgo los servicios a la ciudadanía y trastoca las condiciones laborales de miles de empleados y empleadas de quienes recibimos nuestros servicios públicos, a quienes le quieren seguir arrebatando sus derechos. La realidad que enfrentan es el riesgo de terminar trabajando en algún municipio – en condiciones aún más precarias y sin recursos, o en una compañía privatizadora con las peores condiciones, sin protección, sin derechos, ni los beneficios que les brinda la negociación colectiva.
