Opinión de Héctor Ferrer: Encaminada la justicia salarial

Lee la opinión del representante por el Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer.

Por Héctor Ferrer

La pandemia que hoy vivimos agravó la ya difícil situación económica de nuestra clase trabajadora. Cerca de 300,000 personas ocupan un puesto de trabajo sujeto al salario mínimo federal, de $7.25 la hora, lo que representa un salario anual de $15,080. Este salario es uno que no da para vivir.

Hace más de 10 años que este salario mínimo no se revisa por lo que entiendo que, además de revisarlo para atemperarlo a los tiempos, dado al alza en el costo de vida, hay que crear el mecanismo idóneo para se que ajuste este salario mínimo sin tener que esperar 10 años más. Esta es la razón principal por la cual radicamos el Proyecto de la Cámara 338. Luego de ser aprobado por la Cámara de Representantes con los votos de todas las delegaciones, excepto los del partido Movimiento Victoria Ciudadana, unimos esfuerzos con los senadores Juan Zaragoza y José Vargas Vidot para enmendar y establecer la creación de una Junta Evaluadora de Salario Mínimo y a su vez un aumento como punto de partida al salario mínimo de $8.50 la hora. La Junta evaluará el salario mínimo de manera continua y buscará los puntos de concordancia para mantener ese salario mínimo en el nivel óptimo en beneficio de nuestra economía.

En adición a esa justicia salarial que buscamos obtener para nuestros trabajadores, un salario mínimo justo puede influenciar a que los jóvenes de nuestro país se queden y puedan desarrollarse para convertirse en futuros empresarios y profesionales bien preparados. Hacer el debido análisis para evaluar el efecto de este salario mínimo en la retención del mejor talento puertorriqueño es una razón de peso si queremos trabajar en un desarrollo económico integrado para Puerto Rico.

Por otra parte, el proyecto busca que se investiguen los efectos de un aumento en el salario mínimo en las cualificaciones de los participantes que reciben ayudas federales económicas de alimentos, vivienda, entre otras; el costo de vida para los pensionados, retirados, desempleados y cualquier otra persona que por una razón u otra no forman parte de la fuerza laboral; el impacto y consecuencias, si algunas, a los pequeños y medianos comercios; y el efecto directo o indirecto a la economía puertorriqueña. Tenemos que crear el justo balance para que nuestros trabajadores reciban una paga digna y que nuestros jóvenes tengan las herramientas esenciales para su desarrollo laboral. El salario mínimo no debe ser una barrera para la entrada de nuestros jóvenes al mercado laboral.

 

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