Opinión de Rosa Seguí: Los planes secretos de la AEE

Luego de consultas y vistas públicas el Negociado de Energía de la Junta de Reglamentación de Servicio Público de Puerto Rico adoptó una Resolución final y Orden para dejar atrás el sistema de generación de energía centralizada a base de combustible fósil para movernos hacia un modelo a base recursos renovables.

FEMA asignó alrededor de $10,700 mil millones para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico. La que incluye reparar o reemplazar líneas de transmisión y distribución, subestaciones, sistemas de generación, edificios y otras mejoras al sistema luego del impacto de los huracanes Irma y María. En diciembre 2020, la AEE presentó a FEMA un plan de 10 años para alegadamente cumplir con la política pública y la Resolución y Orden del Negociado. Dicho Plan se elaboró en secreto y no pasó por vistas públicas. De hecho, el Negociado de Energía se enteró de su existencia a través de los medios y tuvo que requerirle a la AEE una copia. Mientras esto ocurría, diversas organizaciones y personas que participaron en el proceso denunciaron que el Plan sometido por la AEE a FEMA mantiene y perpetúa un sistema de generación centralizado basado en combustibles fósiles que viola la política pública establecida y equivale un retroceso en la transformación hacia un sistema de energía eléctrica basado en fuentes renovables.

El 25 de enero de 2021, el Negociado de Energía emitió una Resolución y Orden requiriendo que la AEE someta un Plan de 10 años revisado. Por esta razón, la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana en el Senado presentó una Resolución. Dicha Resolución propone unable investigación sobre los planes de la AEE para la utilización de los fondos de FEMA y otras agencias disponibles para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, sobre el proceso de elaboración del Plan de 10 años, sobre la determinación de no someterlo a consideración del Negociado de Energía, sobre la posible necesidad de legislación para asegurar los mecanismos para prevenir futuras desviaciones o intentos de evadir la política pública. Esa investigación determinará si es necesaria nueva acción legislativa para asegurar el cumplimiento de la política pública vigente.