Empecé a trabajar con el maltrato infanto juvenil en 1999 luego de terminar mi maestría en trabajo social. En ese momento escuchaba y leía a mis mentoras en la prensa del país hablando sobre la necesidad de abordar la violencia estructural y las desigualdades que inciden sobre la ausencia de capacidades protectoras en los padres. Hablaban sobre la ausencia de trabajo integrado para investigar y atender los casos de maltrato. Repetían como mantra la necesidad de recursos para el Departamento de la Familia, lo imperioso de bajar la carga de casos de los y las trabajadoras sociales. Desde el Colegio de Profesionales del trabajo social sus presidentas enfatizaban en la necesidad de protocolos, condiciones laborales, recursos.
Hoy, en el 2020, enseño trabajo social y sigo trabajando con maltrato infanto juvenil. He dedicado mi vida a estudiar y trabajar con estas temáticas. El discurso sigue siendo el mismo. He hablado cientos de veces con la prensa, participado de ponencias en decenas de vistas públicas y brindado conferencias y propuestas en múltiples foros académicos, políticos y comunitarios. Se han aprobado tres leyes de maltrato, publicado estudios y hasta se escribió un Plan Nacional para la Prevención de Maltrato.
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Si me pidieran que analizara el estado de la situación de maltrato infanto juvenil tendría que repetir lo que escuché de mis mentoras en el 1999. Luego de 21 años, varias leyes, varios gobiernos, varias legislaturas y miles de decepciones, las situaciones son las mismas. Para los que hemos dedicado nuestra vida profesional a estos temas, las frustraciones son inmensas y el dolor incomparable cuando leemos noticias sobre el maltrato. Esto, porque sabemos que se pudo haber evitado.
La culpa se le atribuye usualmente al Departamento de la Familia. La responsabilidad principal de la investigación del maltrato ciertamente recae sobre esta agencia, pero la misma ley sobre maltrato (Ley 246), reconoce que el Departamento de la Familia no puede ejercer esta tarea sin la Policía, los Tribunales, el Departamento de Justicia, Vivienda, Salud, ASSMCA, Educación y otros componentes. Ahí es donde el sistema falla. Muchas de estas agencias rechazan o se retrasan en la prestación de servicios para atajar el impacto de las desigualdades sobre las familias. La investigación sobre el maltrato ha demostrado que las capacidades protectoras disminuyen ante los estresores sociales. Esto implica, que en ausencia de estos estresores la posibilidad de maltrato disminuirá dramáticamente. Los llamados estresores en muchas ocasiones son manifestaciones de la desigualdad social que vive el país.
En mi historia trabajando con las familias donde ocurren situaciones de maltrato infanto juvenil conozco cientos de casos que no recibieron servicios que solicitaron al Estado. Gente esperando por una vivienda por años, pacientes sin servicios de salud física o mental o con servicios precarizados. Casos donde se necesita intervención del aparato policial o de justicia y esas agencias no aparecen o atrasan gestiones indispensables en los procesos de protección social a la infancia. Se configura el ciclo donde el Estado no aparece para ayudar, pero siempre aparece para castigar. Muchas de estas familias incurren en maltrato luego de haber tocado decenas de puertas que nunca se abrieron. Una vez incurren en conductas maltratantes el Estado rápidamente aparece para castigar.
Uno de los paradigmas que hay que romper en este ciclo es pensar que la responsabilidad del maltrato es un asunto exclusivo del Departamento de la Familia. El Departamento de la Familia investiga el maltrato y realiza planes de servicios a las familias que dependen de otras agencias. Sin embargo, ese Departamento no tiene el poder ni los recursos para cambiar los factores estructurales que inciden sobre el maltrato. Algunos de esos factores son: el empobrecimiento, el desempleo, la inequidad de género, el adultismo, y otros problemas sociales. Ninguna profesional del trabajo social del Departamento de la Familia puede transformar esos indicadores desde una práctica precarizada y desde unas condiciones laborales empobrecidas. No pueden solas.
Países con sistemas fuertes de prestación de servicios sociales, con niveles bajos de desigualdad y con sistemas de apoyo formales e informales a las familias, tienen índices muy bajos de maltrato. La UNICEF identifica a los Países Bajos, Noruega, Islanda, Finlandia, Suecia, Alemania, Luxemburgo, Suiza, Bélgica e Irlanda con los niveles más bajo de maltrato infantil. Estos países abordan los servicios sociales desde un paradigma de bienestar material, salud y seguridad, educación, abordaje de comportamientos de riesgo y seguridad en la vivienda y el medio ambiente. Esos factores, han sido cruciales para sus niveles bajo violencia contra la niñez. Un aspecto de umbral para evitar los maltratos requiere trabajar con la pobreza infantil, la salud al nacer, los servicios de salud preventiva y la mortalidad infantil.
Escuchar y leer sobre la muerte de un niño me hace llorar. Lloro de tristeza por el niño muerto y de frustración sabiendo que se pudo evitar. Me mantiene despierto pensar cómo fueron sus últimos minutos de vida y la cadena de eventos que culminó a la orilla del Río Patagonia de m natal Humacao. La culpa no es de los padres, ni del niño, ni del Departamento Familia. La culpa es de la sociedad desigual que vivimos. ¿Qué no ha cambiado desde el 1999 que trabajo con el maltrato? La desigualdad social. Lejos de acortarse las brechas, la desigualdad se ha recrudecido. María, los terremotos, el COVID y la ausencia de respuestas sociales coherentes enmarcadas en la realidad social son el caldo de cultivo a estas violencias donde siempre los más vulnerabilizados son los que más sufren. Nadie se da cuenta de que viven y sufren, hasta que no aparecen muertos a la orilla el río. Solo la muerte los visibiliza. Y el río sigue fluyendo en la misma dirección. Acabemos con esto. Que no nos maten a otra niña o niño.
