Convencido de que la salud es un derecho humano fundamental y, ante el interés apremiante que implica la más efectiva adquisición, manejo y distribución de la eventual vacuna del COVID-19, el martes pasado radiqué el proyecto 2525 para declarar que toda vacuna de calidad, eficaz, efectiva, accesible y asequible para combatir dicho virus sea un bien de salud pública del Pueblo de Puerto Rico.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que la función de inmunización extensiva contra este virus es un bien de salud pública mundial, por lo que emplazo a la Asamblea Legislativa a aprobar este proyecto para garantizar que toda persona que habite nuestra isla tenga acceso libre y gratuito a la vacuna disponible, en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discrimen, en el momento en que la misma esté disponible para su uso en Puerto Rico.
Mediante la declaración de las futuras vacunas como un bien de salud pública y los mecanismos establecidos en la ley, se pone un detente a los que han querido convertir la crisis del COVID-19 en su negocio privado y especulan con la emergencia nacional. El proyecto 2525, además de un reconocimiento de la importancia de la salud pública, es una garantía para todas las personas que viven en esta Isla.
La referida medida establece la política pública del Gobierno de Puerto Rico y crea una Junta Especial de Adquisición, Manejo y Distribución de la Vacuna del COVID-19, que estaría adscrita al Departamento de Salud.
Entre algunas de las responsabilidades y deberes de dicha Junta -que estaría compuesta por funcionarios del Gobierno y representantes de Colegios profesionales- está la de evaluar, determinar y adjudicar la seguridad, calidad, eficacia, accesibilidad y efectividad de toda vacuna disponible en Puerto Rico para combatir el COVID-19; negociar y otorgar toda clase de contratos para comprar, recibir donaciones o adquirir mediante cualquier tipo de negocio jurídico las vacunas de COVID-19 disponibles; establecer centros de vacunación a través de toda la isla; y establecer los requisitos y parámetros para determinar las prioridades de distribución, de conformidad con la necesidad de la población.
Todo acceso libre y gratuito a la salud será un gran avance de justicia social para nuestro pueblo y un alivio en medio de la pandemia y el distanciamiento social.