Transparencia de verdad

Lea la opinión del periodista Julio Rivera Saniel

Por Julio Rivera Saniel

A veces pienso que, tras los reclamos de los ciudadanos el pasado verano, realmente muy pocos han entendido la necesidad de que los procesos relacionados con los funcionarios públicos tienen que ser absolutamente transparentes e inclusivos.

No los culpo. De seguro muchos apuestan a que esa manifestación de fuerza que provocó el derrocamiento de un gobernante electo es solo temporal. Después de todo, la indignación de los ciudadanos en la isla cargó por mucho tiempo el sello de “temporal”. Las huelgas, manifestaciones y reacciones de repudio ante actos antiéticos o abiertamente corruptos duraban poco más que un suspiro. Un día, las calles llenas de manifestantes indignados; días después, esa misma indignación guardada en el baúl de los recuerdos.

Por ello, no sorprende que, quizá, miembros de la clase política o, en definitiva, personas que cobran su sueldo de ese erario público que se supone que intente estirar, apuesten a que el país olvidará lo que lo llevó a las calles.

El país exigió transparencia. Y la transparencia exige rendimiento de cuentas en el uso de fondos públicos.

La alta cúpula del DMO, esa entidad que maneja $25 millones de nuestro dinero para promover la isla, no parece haberlo tenido claro. Durante meses, miembros de la industria turística, voces de la clase política y ciudadanos exigieron cuentas claras, sobre todo ante el pedido de ampliar el presupuesto de ese ente. Pero la respuesta fue el “no” anclado en el argumento de que el DMO es un ente privado. Ignoran los directivos del DMO que no puede ser secreto ni privado lo que se hace con fondos completamente públicos. Al final del camino, fue el tribunal el que tuvo que hacerles entender lo que para todos ya era un hecho evidente. El haber tenido que acudir al tribunal para obligar al DMO a hacer pública información pública es más que elocuente.

El pueblo pidió procesos abiertos y participativos. Por ello, sorprende que se pretendan aprobar en dos días —como se anticipó durante el fin de semana— proyectos altamente técnicos y controvertibles como enmendar el Código Civil —ese que rige las vidas de todos— y el Código Electoral. Sobre el primero solo existen rumores, a pesar de que se coquetea con la idea de descargarlos para votación sin mayor discusión pública. ¿Conoce usted cuáles serán los cambios que se realizarán al Código Civil en un par de días y cómo lo afectarán? Usted no lo sabe. Pero no está solo. Ni los legisladores con los que he conversado ni la propia gobernadora tienen una idea clara de las enmiendas. ¿Es compatible con el pedido de acciones abiertas, transparentes y participativas aprobar un cambio a un código de este tipo sin mayor discusión y un estudio consciente de los cambios que se impulsarían?

La misma pregunta aplica a la propuesta reforma electoral. Ni el PIP ni el PPD ni Victoria Ciudadana ni ningún otro sector no oficialista parece estar de acuerdo con las propuestas que se desean aprobar. Entonces, ¿puede ser calificado como democrático, abierto y participativo un proceso que solo es avalado por el partido de mayoría?

Si algo debe haber quedado claro del verano, es que la transparencia no puede ser solo un discurso. Para vivirla se precisa acción que respalde la retórica. Cualquier proceso que no sea producto de acciones abiertas y transparentes está abocado a la polarización y la controversia. ¿Quién lo habrá entendido? Es algo que aún está por verse.

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