En aras de colaborar con la implementación de medidas anticorrupción que logren atajar este mal, que tanto daño hace a nuestra isla, me propongo dedicar un par de columnas al tema para elaborarlas al nivel de detalle que este espacio permite. Luchar contra la corrupción es, sin duda, una absoluta prioridad económica y social. Aquí las primeras propuestas concretas:
Modificar las leyes que regulan los contratos en el sector público es un tema clave y extraordinariamente importante. A mi juicio, es la raíz de un elevadísimo porcentaje de casos donde la corrupción está presente y en muchos casos sin aflorar. La reforma en cuanto a los contratos debe ir dirigida a la transparencia y la publicidad digital de pliegos y concursos públicos no restrictivos que produzcan la mayor concurrencia de proveedores.
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– Sopesar la posibilidad jurídica de que si se dieran pliegos con condiciones restrictivas innecesarias, se podría incurrir en delito e indemnizaciones a afectados por defecto de concurrencia real. En síntesis: una licitación pública que incentive la mayor concurrencia real.
– La ampliación absoluta y la mayor transparencia en las comisiones de adjudicación ampliamente constituidas con fuerte representación social, presencia de miembros de la oposición y motivación justificada de las decisiones. Sesiones abiertas.
– Las bajas en los precios de licitación presentadas por las empresas deben ser vinculantes e inamovibles para las empresas y administraciones. Supresión —en obras y similares— de los llamados change orders, revisiones de precios o liquidaciones adicionales.
– Penalización a las empresas por no identificar indefiniciones de proyectos que impliquen mayor coste y lleven a la inviabilidad de la ejecución del proyecto o la obra.
– Control de calidad de obras y servicios a través de empresas y/o funcionarios con la mayor cualificación. Penalizaciones muy graves para las empresas que hayan incurrido en delitos que atenten contra la transparencia y las buenas practicas de la ejecución de contratos públicos.
– Viabilizar mecanismos mediante los cuales los ciudadanos puedan presentar fácilmente denuncias en caso de que se detecte la corrupción, como en aquellos en que no se hayan cumplido los pliegos de licitación.
