La decisión del Tribunal Supremo declarando nula la juramentación de Pedro Pierluisi, confirmó la ilegalidad de sus actuaciones y reafirmó la advertencia de diversos sectores del país, de que estábamos ante un “gobernador” que usurpó el cargo, en clara violación a la Constitución. Representó un nuevo capítulo de la “melcocha” política a la que nos arrastró el PNP cuando secuestró al país durante varias semanas en su lucha primarista de cara al 2020. La saga continúa latente, ante la incertidumbre de si habrá otro cambio en la gobernación.
Ante los recientes reclamos de transformación política y social, el PIP presentó dos propuestas legislativas. La primera para que el pueblo, con anterioridad a las próximas elecciones, pueda aprobar unas “enmiendas de emergencia a la actual Constitución para que entren en vigor para las elecciones del 2020”.
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Las enmiendas que proponemos sonelección especial para elegir al gobernador, cuando ocurra una vacante permanente al cargo; referéndum revocatorio, para que el pueblo pueda destituir a un gobernador; y una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos a gobernador con mayor número de votos, cuando ninguno de los candidatos hubiere obtenido una mayoría absoluta.
La segunda propuesta es convocar una Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR), con el fin de redactar una nueva Constitución para el Puerto Rico del futuro, que emane del poder soberano del Pueblo y establecer una nueva relación —no colonial y no territorial— con los EE. UU, presentada y negociada ante el Congreso, antes de someterla a una votación al pueblo de Puerto Rico.
La ANPuR se escogería mediante una votación directa del pueblo, “que garantice la participación de los más amplios sectores de la sociedad”.
El país reclama nuevos derechos y formas de gobernar, mayor democracia participativa y acabar con el colonialismo y la Junta de Control Fiscal.
Hemos presentado estas propuestas para comenzar la más amplia discusión, en búsqueda de un nuevo Puerto Rico.
