La presentación de cargos criminales contra Wanda Vázquez Garced, la semana que viene en el Tribunal de San Juan, agudiza una crisis institucional y, por ende, de legitimidad en el Gobierno de Puerto Rico, particularmente en lo que tiene que ver con la impartición de la justicia. Se trata de una crisis que no puede seguir agravándose, pues vivimos en un país donde la ola de violencia sigue acechándonos. Estamos ante una emergencia por la violencia de género, y la corrupción pública no parece tener fin.
Nuestro país, como los demás, cuenta con unas instituciones públicas que fueron creadas para garantizar un orden ante el incumplimiento de las leyes. Comenzando por la Policía y terminando por los tribunales. Entre esos dos actores están los acusadores, aquellos que, a nombre del pueblo, piden castigos por esas acciones que constituyen infracciones a las leyes que rigen el llamado orden social. En Puerto Rico, esa responsabilidad recae, principalmente, sobre los fiscales del Departamento de Justicia. Ellos son los que salen todos los días a nuestras cortes de justicia a buscar que se castigue a los violadores de la ley. Pero, desde la década de los ochenta, hay una segunda institución con una responsabilidad igual, pero con un campo de acción más definido. Se trata de la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Siguiendo el modelo que se impuso en Estados Unidos para atender el caso del presidente Nixon, y tras los asesinatos políticos en el cerro Maravilla, se creó esta oficina para que existiera un ente independiente y descontaminado del aparato político gubernamental para que se encargara del encausamiento de funcionarios de alto nivel. La ley precisa qué cargos tienen que ocupar los procesados por esa oficina y bajo que términos existe la jurisdicción que la activa.
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En este momento estamos ante una secretaria de Justicia que enfrentará cargos criminales por fiscales especiales independientes y ante una acusación de Wanda Vázquez a la oficina del FEI por “fabricarle un caso”. El gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que mantiene la confianza en Vázquez; el presidente de uno de los dos cuerpos legislativos reclama su destitución mientras está metido en la madeja de chismes que rodean este caso; y a la Rama Judicial le tocará decidir la semana que viene, a través de uno de sus jueces, si ordena el arresto de la secretaria de Justicia. Entonces ¿quién impone el orden?
No hay a la vista un actor adicional que intervenga para, más importante que imponer el orden, restituir la confianza del pueblo en sus llamadas instituciones públicas. Con las manchas que les han caído a las oficinas de la secretaria de Justicia y el FEI, estamos todos ante la sensación de que el traqueteo y el descontrol se ha apoderado del país. No sé si será el gobernador o algún sector de la sociedad civil quien agarrará el toro por los cuernos, pero si la confianza en las instituciones sigue decayendo, Puerto Rico será más ingobernable de lo que es y ni las competencias electorales, que aún gozan de cierto respeto y sobre las cuales el principal partido de oposición tendrá este fin de semana un chijí-chijá en Río Grande, convocarán a los ciudadanos para participar de la —muy mal llamada en ocasiones— democracia.
