Como parte de la reforma contributiva federal aprobada por el Congreso en 2017, se viabilizó la creación de lo que hoy día se conocen como Fondos de Oportunidades Cualificados estructurados para promover la inversión en zonas determinadas por el Gobierno federal con beneficios contributivos como incentivo para los inversionistas.
Bajo esta legislación, los gobernadores de los estados solamente podían designar hasta un 25 % de los censos poblacionales como Zonas de Oportunidad. Sin embargo, Puerto Rico, por medio de los esfuerzos de la administración Rosselló en Washington, DC, logró un trato preferencial, de modo que todas las comunidades de bajos ingresos han sido designadas automáticamente como Zonas de Oportunidad Cualificadas para incentivar la inversión en cada rincón de la isla.
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Como consecuencia, aproximadamente un 95 % de Puerto Rico es considerado una Zona de Oportunidad Cualificada, lo que nos brinda una oportunidad única de atraer fondos de otras jurisdicciones e incentivar que se creen fondos locales para hacer inversiones en todo Puerto Rico.
Los estados están compitiendo para atraer estos fondos a invertir en sus jurisdicciones, y Puerto Rico no se puede quedar atrás. Es por esto que el gobernador Rosselló presentó ante la Asamblea Legislativa legislación que le permitirá a la isla competir con los estados y atraer inversión que se proyecta en más de $600 millones de capital nuevo.
Uno de los puntos más importantes que fue considerado en la preparación de esta medida es que el beneficio contributivo de las Zonas de Oportunidad se limita a las reglas contributivas a nivel federal, quedando excluidos los potenciales beneficios a nivel estatal. Por tal razón, en varios estados, los Gobiernos de turno han sido proactivos en adoptar legislación contributiva, de incentivos y ambiente reglamentario favorable para atraer inversión a las Zonas de Oportunidad localizadas en su jurisdicción. El efecto de la legislación federal es que está creando una competencia entre los Estados.
Para lograr estos objetivos, la medida presentada por el gobernador Rosselló propone un marco de incentivos por un periodo de 15 años que se asemeja a los incentivos que ofrecen otras leyes de incentivos de Puerto Rico con las siguientes particularidades:
(i) una contribución de 20 % sobre el ingreso neto de un negocio exento;
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(ii) exención en la tributación de dividendos;
(iii) 50 % de exención en patentes y contribuciones sobre la propiedad. 90 % de exención para proyectos estratégico residenciales elegibles;
(iv) 100 % de exención de arbitrios de construcción;
(v) crédito por inversión con un máximo de 15 % que es transferible;
(vi) un sistema de prioridad de créditos para los créditos de inversión por inversiones en proyectos estratégicos;
(vii) diferimiento de la tributación de ganancias de capital para residentes de Puerto Rico para ganancias invertidas en un Fondo de Oportunidad Cualificado en Puerto Rico, bajo normas similares a las aprobadas en la legislación federal;
(viii) Exención contributiva para intereses devengados en préstamos a negocios exentos; y,
(ix) un procedimiento de permisología agilizado para negocios exentos y proyectos acordados en un contrato de alianza de conformidad con la Ley Núm. 29-2009, según enmendada.
Esta medida es un paso en la dirección correcta, que servirá para atraer inversión nueva que, de otra forma, se iría a los estados. De esta forma, se promueve la creación de más y mejores empleos y se potencia la actividad económica con dinero nuevo que, actualmente, no se invierte en Puerto Rico. Nuevamente, la administración de turno encamina a la isla rumbo a la recuperación y a la reconstrucción, sentando las bases para un mejor futuro.
