En el mundo de la abogacía, en el cual ejercí por muchos años, hay un concepto utilizado frecuentemente que dice: “Admisión de parte, relevo de prueba”. La noche en la que se aprobó la llamada reforma contributiva -que más que reformar se trata de una serie de parchos a la legislación sobre ingresos-, el presidente de la Comisión de Hacienda expresó que el proyecto era muy distinto del que se radicó en abril. En un acto de canibalismo legislativo, ni el proyecto ni las múltiples enmiendas introducidas a este fueron parte de un verdadero proceso de discusión. La versión final se presentó al filo de la medianoche para su aprobación en la madrugada mientras el país dormía.
Desde que la “reforma” contributiva se radicó en abril, señalé la necesidad de que fuera integral, que incluyera a todos los sectores, como las grandes empresas que se llevan del país miles de millones de dólares en ganancias anualmente. Lo aprobado en la Cámara de Representantes continúa con la política absurda de mantener enormes exenciones contributivas, incentivos económicos e industriales sin que nadie sepa a ciencias ciertas si cumplen con los acuerdos para recibir estos, como la creación y la generación de empleos y el estímulo económico. No los tocaron ni con una vara larga.
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De igual forma, la mayoría parlamentaria se jacta constantemente de que, en esta Legislatura, no se descargan proyectos, argumento que se desvanece con la introducción de lo que, a todas luces,d es un proyecto dentro de la reforma contributiva que da paso a la legalización de las máquinas tragamonedas. Estamos hablando de más de treinta páginas con treinta y tres artículos con definiciones nuevas y toda una política pública. No es otra cosa que un proyecto de ley que, como dirían en mi pueblo, lo “enjorquetaron” en la llamada reforma contributiva, sin vistas públicas ni memoriales, obviando el trámite legislativo.
De aquí a tres años este país será convertido, de norte a sur y de este a oeste, en un gran casino con el establecimiento de cuarenta y cinco mil tragamonedas. Un promedio de seiscientas máquinas por municipio. Como dije desde el hemiciclo, sería convertirnos en una región de juegos sin una mirada social al problema de la adicción a las apuestas. En este país, hay miles de trabajadores, de pensionados, de adultos mayores, de gente pobre que juegan sus limitados ingresos con la esperanza de transformar su realidad económica. Promover este tipo de juegos no solo es desafortunado también retrata la insensibilidad de quienes gobiernan hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Lo que falta es un gran letrero de bienvenida en el aeropuerto que lea: “Casino Island” (para los estadistas) o “Casino colonial” (para los que aún defienden el estatus quo).
Por otro lado, la Universidad de Puerto Rico, a la que hace un año la Junta de Control Fiscal y el Gobierno le redujeron brutalmente su ingreso, también se verá afectada con esta reforma con reducciones adicionales. ¿Y a quiénes perjudicará esta realidad? No será a los privilegiados que pueden sufragar una carrera universitaria. Será a las familias de las clase trabajadora, que luchan diariamente para sobrevivir bajos las condiciones de precariedad económica de la colonia.
Si realmente queremos transformar este país, el juego no puede ser la alternativa. No es posible que un Gobierno estimule que su gente tenga que apostar su vida, su futuro, jugando lo que no tienen debido a la desigualdad social a la que han sido forzados a vivir.
