No hay manera de que la ciudadanía pueda confiar en la gestión gubernamental si no existe transparencia y cuando los silencios de los funcionarios, junto a su renuencia a hacer disponible información y documentos públicos, se convierten en una práctica ordinaria.
Es un proceder que contraviene el decreto constitucional de acceso a la información, cobijado, a su vez, por el derecho que nos asiste a la libertad de expresión, el cual ha sido reafirmado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico al amparo del caso Soto vs. Secretario de Justicia (1982).
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La ecuación es sencilla: un ordenamiento democrático exige transparencia. No se puede gobernar a espaldas del país ni en cuartos oscuros. Es inadmisible la existencia de funcionarios escurridizos que operen con secreteos, de esos que recurren a la mentira, alegando ser custodios de información confidencial para obstruir el derecho que tiene el país a estar informado. La transparencia es un imperativo político y ético.
Ante esta sentencia, hay que destacar la acción de la Asamblea Legislativa al respaldar y aprobar la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, una iniciativa que ordena al Gobierno a hacer disponibles y divulgar toda información de interés público en formatos abiertos, accesibles y legibles.
Se trata de una medida que surgió como un proyecto del Ejecutivo y que el Senado acogió y aprobó en diciembre de 2017. La semana pasada, la Cámara de Representantes hizo causa común con él y lo subscribió con algunas enmiendas. Ahora les corresponde a los senadores concurrir para, luego, requerir la firma del gobernador y proclamarla como ley.
Esta iniciativa, que no tiene costo alguno para el erario, dispone para que toda información manejada por las agencias gubernamentales sea publicada en un portal electrónico que será operado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Los datos que se publicarán incluyen informes de viajes oficiales financiados con fondos públicos, con sus propósitos y gastos; planes estratégicos del Gobierno central, las agencias y corporaciones públicas; gastos de representación y reembolsos; informes relacionados con el presupuesto; y el desglose de los gastos trimestrales del Gobierno.
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También obliga a hacer disponibles reglamentos, cartas circulares, información sobre licitaciones, propuestas, auditorías externas, convocatorias, resoluciones aprobadas por las Juntas de Gobierno, procedimientos administrativos y cualquier otro informe relacionado con el presupuesto de la Rama Ejecutiva y los municipios.
Es, sin dudas, un paso importante para establecer una cultura de mayor apertura, transparencia y democracia. Un peldaño para ir restableciendo la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Un proyecto similar, nombrado Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación e Información Pública, fue presentado el cuatrienio pasado con endoso bipartita, pero desafortunadamente, la mayoría legislativa dirigida por el Partido Popular Democrático lo colgó, aun cuando más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil manifestaron su respaldo.
Pero ese tiempo pasó. Ahora hay que ir conformando un nuevo escenario, con mecanismos para hacer más efectivo nuestro derecho de acceso a la información pública, un asunto importante para ir develando los entresijos que abrazan la gestión gubernamental, lo que también nos permitirá trabajar proactivamente para incidir en las decisiones que nos afectan como pueblo.
Hoy, cuando los adelantos tecnológicos y la puesta en escena de plataformas de comunicación e interacción social de mayor agilidad y amplio alcance permiten la socialización de la información, el reclamo de transparencia y el acceso a la información se convierte en un relevante imperativo social.
En la medida en que se desvanece el “viejo” control desde donde se monopolizaba el acceso a la información desde medios corporativos, los que ejercían la función fiscalizadora de lo público en forma exclusiva nos vamos situando ante un nuevo escenario social y político, más autónomo, alternativo, participativo y democrático, en el que la ciudadanía requiere de estar bien informada para hacer sentir su voz sin mediadores.
Con información hay poder. Un poder que, en nuestros tiempos y con la amplitud de acceso a plataformas de divulgación cada vez más participativas, es capaz de lograr transformaciones significativas. Y a eso aporta el proyecto para la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico aprobado en la Legislatura.
