Opinión: Por una universidad pública y accesible

Como egresado de la Universidad de Puerto Rico, son tantas las razones, los recuerdos, las experiencias y la formación integral que me provocan tanto agradecimiento a esta entidad; y de igual forma, tanta indignación —y coraje— por los deseos de la Junta de Control Fiscal de acabar con el fundamental proyecto educativo y social que es la UPR.

La universidad no solo me formó académicamente, sino que me abrió los ojos al cuestionamiento, a la disidencia, a pensar por mí mismo. Me dio la oportunidad, al igual que a miles de estudiantes de este país, de conocer y aprender con tantos catedráticos e intelectuales, a analizar nuestra nación y el mundo del que somos parte, para luego trabajar por esta sociedad.

Los criminales recortes a su presupuesto como consecuencia de los mandatos de la Junta —en componenda con una sumisa y entreguista administración— han sido los más recientes golpes a UPR. El nuevo capítulo de esta  masacre educativa y social consiste en la eliminación de las exenciones a la matrícula y los aumentos a la matrícula graduada, la reducción de personal, la congelación de plazas vacantes, la eliminación del bono de Navidad y la disminución de la aportación al plan médico de los empleados, según contenidos en la más reciente carta de la JCF al gobernador.

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El cinismo y la hipocresía de la Junta se revelan desde el principio de la carta, cuando “reconocen” el papel fundamental que ha jugado la UPR en el desarrollo económico del país, pero a paso seguido le dan la puñalada, tanto a la institución como a los estudiantes y empleados.

El descaro de la Junta es tal que sugieren que se reduzca el número de estudiantes a ser admitidos en el futuro previsible en la UPR, para que, de esa forma, se requieran menos profesores. En otras palabras, la Junta, para cumplir su labor de agente de cobros de los bonistas, está dispuesta a sacrificar las oportunidades de estudio de nuestra juventud.

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Las nuevas imposiciones y exigencias de la Junta promoverán la aceleración de la ya preocupante emigración de la clase trabajadora y productiva, en busca de mejores oportunidades, y propiciará la fuga adicional de profesores e investigadores a universidades fuera de Puerto Rico, con la consecuente reducción en la calidad de la enseñanza universitaria en el país.

Pero las ansias de destrucción de la Junta no terminan ahí.  Como era de esperarse, la Junta propone cambiar el sistema de retiro de la Universidad a uno de contribución definida, junto con la reducción de las pensiones, como ya lo ha propuesto para los demás sistemas de retiro del Gobierno.

En este tema de las pensiones, la Junta ignora convenientemente que el sistema de retiro de la UPR posee un fideicomiso, que es el dueño de los fondos, y que está protegido contra la intervención de terceros, incluido el Gobierno estatal o el federal. La Junta tampoco considera el hecho de que la administración por parte de la Junta de Retiro ha sido muy diligente, asumiendo medidas para preservar la salud fiscal del sistema de retiro de la UPR, que, al día de hoy —podemos confirmar que está solvente—, cuenta con activos de 1.4 billones de dólares, aproximadamente.

La historia de nuestra Universidad incluye muchas instancias de luchas estudiantiles y de los trabajadores. Este atentado será otro capítulo más en esa historia de defensa y protección de una universidad pública y accesible.