Opinión: Gobierno de vagones

Lea la opinión de Hiram Guadalupe

Por Hiram Guadalupe

Las críticas que caen sobre el manejo de los asuntos gubernamentales aterrizan en esta ocasión en el misterio que ronda la desaparición de una docena de vagones repletos de suministros que estaban destinados a ayudar a los damnificados por el huracán María.

Es un asunto tan incauto como terrible que, a punto de cumplirse un año de la terrible devastación que dejó a su paso el potente ciclón que azotó nuestra isla, conozcamos que muchas personas dejaron de recibir ayuda, en este caso artículos de primera necesidad, porque, sencillamente, tales provisiones permanecieron guardadas en vagones que, a su vez, estaban escondidos.

Parte de lo que ha sorprendido al país con el hallazgo periodístico de estos 12 vagones repletos de artículos de primera necesidad es que estaban estacionados en las inmediaciones de la Comisión Estatal de Elecciones y que, al ser denunciados, desaparecieron en menos de 24 horas para luego ser hallados en lotes de fincas privadas en los municipios de Toa Alta y Utuado.

La historia se complica si se añade que los propietarios de esos terrenos se vinculan directamente con los regentes del actual Gobierno: un ayudante especial de la Administración de Transporte Marítimo y el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Isabelo Rivera.

Este último, con aires de insolencia, al ser increpado sobre la participación del cuerpo castrense en el movimiento de los vagones, se lavó las manos diciendo con banal simpleza que todo este asunto se trató de que “una pequeña parte de la mercancía que tuvo problemas particulares para su repartición”. ¿En serio?

Al destaparse este escándalo, dos funcionarios de la CEE, los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Popular Democrático, requirieron una investigación, pero su homóloga del institucional Partido Nuevo Progresista, Norma Burgos, se opuso, se airó y amenazó con ir a los tribunales para detener cualquier pesquisa sobre el tema.

Mas, al trascender la noticia, también se supo que muchos de esos víveres habían caducado, por lo que hubo que deshacerse de ellos. Otros artículos, como baterías, colchones, agua y abanicos nunca llegaron a servir las necesidades de los miles de puertorriqueños que sufrieron daños como consecuencia del huracán, que, en muchos casos, lo perdieron todo y que vivieron a oscuras por largos meses.

Es inaceptable observar que la negligencia de funcionarios públicos, sean estos federales o locales, dejaron desprovistos de alimentos y de ayuda humanitaria de primera necesidad a quienes clamaron continuamente por la mano amiga del Gobierno y de entidades privadas y sin fines de lucro para suplir algunas de sus escaseces.

Es un hecho que devela muchos cuestionamientos y cuyas respuestas se hacen cada día más urgentes conocer, aunque una vez más funcionarios a cargo de investigaciones de este tipo se aferren al silencio, que es lo mismo que decir a la complicidad.

Ese es el caso de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien ha sido duramente emplazada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para que inicie una investigación sobre la negligencia en el manejo de esos vagones con suministros y, lo que es más importante, su desconcertante paradero.

Pero resulta más terrible que, al momento de redactar esta columna, todavía el gobernador no había levantado el teléfono para advertir a su secretaria de Justicia sobre su mal proceder, ni tampoco ha promovido una investigación seria del asunto, sino que se ha limitado a ordenar decomisar aquellos productos dañados e instruir a que el resto de la mercancía se entregue a organizaciones sin fines de lucro para repartirla entre necesitados.

Todos los entuertos que rodean la existencia y la desaparición de estos vagones abonan a la desconfianza que hay latente en el país contra funcionarios públicos, ya sea por sus inacciones o su irresponsabilidad en atender asuntos que son verdaderamente urgentes, como es este.

¿Qué sucedió con esos vagones? ¿Por qué nunca se distribuyeron los víveres que había en ellos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién cobra por el alquiler de esos vagones?

De otra parte, resulta extraño, por no decir terrible, cómo las gestiones del actual Gobierno se entrelazan en líos de vagones. Por ejemplo, recordemos que, al ocurrir la tragedia del huracán María, el primer problema que enfrentamos como país fue la escasez de alimentos en las góndolas de supermercados porque, aunque a la isla llegaban barcazas con víveres, al mes del paso del huracán se registraron más de 3,000 vagones congestionados en los puertos.

Después enfrentamos la tragedia de los vagones con cadáveres a las afueras del Negociado de Ciencias Forenses, y más recientemente el caos y el desorden del inicio del nuevo año escolar en el que, luego de cerrar cientos de escuelas, el Departamento de Educación corrió a colocar vagones en los estacionamientos de las escuelas para ubicar a estudiantes y maestros.

Triste tragedia de un Gobierno enredado en un vagón.

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