La reacción del Gobierno de Estados Unidos a la crisis financiera, económica, social y demográfica en que está sumido Puerto Rico ha sido utilizar sus poderes plenarios bajo la Cláusula Territorial de la Constitución norteamericana para imponer un síndico a través de la Ley Promesa con el eufemístico título de Junta de Supervisión Fiscal. El propósito de esta Junta es ejercer un control férreo y omnímodo sobre las ya limitadas facultades de gobierno propio del régimen colonial vigente, con el objetivo de satisfacer hasta el máximo posible los intereses de los acreedores del Gobierno colonial, principalmente de los fondos “buitres” que han acaparado gran parte de la deuda gubernamental y quienes han sido los principales cabilderos de la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal. La función principal de esta Junta es imponer una restricción severa a los gastos públicos indispensables que el Gobierno tiene que proveer a sus ciudadanos —particularmente los más pobres— en beneficio del mayor sobrante posible para el pago de la deuda y de los acreedores especulativos.
La reacción institucional del Gobierno de EE. UU. ha sido por lo tanto, el contrasentido de tratar de enfrentar la crisis colonial con una dosis aún mayor de colonialismo. El único camino para salir de la crisis es a través de un proceso político que le permita al pueblo de Puerto Rico, no solo la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal, sino exigir la liquidación del régimen colonial subyacente que la hace posible y que mantiene a Puerto Rico en una condición de subordinación política crónica.
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Es por ello que el PIP, a través de su presidente, Rubén Berríos Martínez, solicitó la colaboración de los presidentes del PNP y el PPD para emprender una iniciativa política conjunta, a nombre del pueblo de Puerto Rico, para exigir del presidente y el Congreso, tanto la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal como el inicio de un proceso de descolonización que les permita a los puertorriqueños ejercer su derecho a la libre determinación entre alternativas no coloniales ni territoriales.
Esta propuesta incluye la celebración de una consulta al pueblo para avalar las dos exigencias antes expresadas, así como un requerimiento de que, dentro de un término no mayor de un año a partir de la votación, se inicie el proceso de descolonización de Puerto Rico, que resuelva el problema del estatus político, para que los puertorriqueños puedan votar entre alternativas que no sean coloniales ni territoriales.
Para viabilizar la consulta, se realizaron múltiples reuniones y comunicaciones entre el presidente del PIP y los presidentes del PNP y PPD. Desafortunadamente, el gobernador —cuya reacción inicial fue positiva con respecto a los objetivos generales de la consulta— no ha nombrado su delegado para el comité de trabajo propuesto.
Ante la inacción del gobernador, radicamos junto con el Senador Juan Dalmau el PC 1417 y PS 1053, respectivamente, para estimular el debate en el país sobre nuestra propuesta y con la esperanza de que las voces dentro del PPD y el PNP, que tengan un genuino compromiso contra la Junta y el régimen colonial que la permite, tengan un foro para impulsar sus reclamos. El proyecto dispone la consulta al pueblo de Puerto Rico, el mismo día de las elecciones del 3 de noviembre de 2020, para que pueda darse la expresión contundente de nuestro pueblo, para exigir el fin de la Junta y el comienzo de un proceso de descolonización.
