La estadidad tiene fecha de expiración

Lea la opinión de Armando Valdés

Por Armando Valdés

La comisionada residente le puso fecha de expiración a la estadidad. Su proyecto de admisión establece que el Presidente Trump proclamará la anexión de Puerto Rico el 1.o de enero de 2021. Tomémosle la palabra. Démosles a Ricky y a Jenniffer la oportunidad de vivirse la película, radicar su proyecto en Washington y caminar con todo su gabinete por los pasillos del Congreso. Irremediablemente, tenemos que aceptar que el PNP se comprometió a esta agenda en su campaña y que una pluralidad del pueblo la avaló en noviembre de 2016. Ahora bien, nos toca aprender de los errores repetidos del pasado. En 2020, pasémosles la factura y, colectivamente, pasemos la página. Seguir con el julepe de la anexión, pasada la fecha que ellos mismos se han impuesto, no solo sería irrazonable, sería seguir dándole largas a la implementación de las soluciones que el país reclama a gritos para los problemas que enfrentamos hoy.

Como puertorriqueños, no podemos seguir postergando la reconstrucción económica y la redemocratización. Aspirar únicamente a la solución perfecta, al todo o nada, es una estrategia errada, máxime cuando la estadidad no la quiere el americano y la independencia no la quiere el puertorriqueño. Entretanto, no podemos seguir fallándoles a generaciones enteras, echando por la borda sus ansias de superación. Seguir destruyendo el aparato público y la economía del país, en un intento demencial por “crearle una crisis a Estados Unidos” que facilite la transición hacia la anexión o la separación es irresponsable, ilógico y, peor, suicida.

Celebremos, pues, que el PNP, por fin, nos haya dado una fecha. Si logran la admisión de Puerto Rico, avalada por el pueblo, santo y bueno. Como participantes en un proceso electoral, habría que aceptar el resultado y seguir amando nuestra patria. Pero si no la logran, si en noviembre de 2020 ya se nos hace evidente que no seremos estado en un plazo de dos meses, nos tocará sacarlos a todos, detener su agenda destructiva, y reconstruir el país partiendo de la premisa de que la estadidad fue descartada como alternativa, por lo menos por el futuro previsible. Les tocará, entonces, a ellos aceptar ese resultado y salirse del medio del progreso.

¿Qué hacer, entonces, sobre el déficit democrático en nuestro país? Primero, reconocer que en este momento, por mucho que se haya podido lograr bajo el modelo autonómico del Estado Libre Asociado, la imposición de una Junta de Control Fiscal ha revertido lo que se logró en 1952. Hoy vivimos en una colonia clásica, gobernada por personas no electas, confirmadas en sus cargos por un Congreso y un presidente extranjeros.

Segundo, labrar un proceso de redemocratización a nivel federal que deshaga los retrocesos de 2016. Un posible vehículo sería la asignación federal de $2.5 millones para un plebiscito. Este vestigio de la era Obama, todavía vigente, habría podido usarse en el plebiscito de 2017 de haberse avalado la papeleta por el departamento federal de Justicia. Ante la prisa y la insistencia del PNP por fabricar un resultado, Justicia federal no prestó su consentimiento, por lo cual el dinero está en teoría disponible para un futuro proceso plebiscitario. Propongo que todos los partidos y movimientos políticos, aun el anexionismo, acudan juntos a Justicia federal para definir las alternativas que estarían sobre la mesa para Puerto Rico. Concluido ese proceso de negociación, se pondrían las distintas alternativas en una papeleta para ser evaluadas por el pueblo.

Tercero, encaminar una agenda de redemocratización a nivel local también, para crear mecanismos que sustituyan los poderes fiscales de la Junta, le arrebaten igualmente esos poderes a los políticos locales, y le devuelvan al pueblo las riendas de su gobierno. Propongo enmendar ampliamente la Constitución para, entre otras temas, requerir el aval del pueblo en un referéndum para tomar dinero prestado y para imponer nuevas contribuciones o aumentar las existentes, imponer límites más estrictos a la emisión de bonos del Gobierno central y de las corporaciones públicas, una Legislatura a tiempo parcial con límites a los términos de todos los funcionarios electos, y elecciones escalonadas para que el voto del pueblo no se convierta en una licencia para gobernar a espaldas de la gente por cuatro años.

Aprovechemos esta oportunidad que nos ha dado el PNP. Ponerle fecha de expiración a la estadidad nos permitirá redefinir el debate y labrar soluciones innovadoras y realistas fuera de los límites asfixiantes de la discusión centenaria del estatus. Nos da la oportunidad de refundar el país y ser la generación que saque a Puerto Rico del marasmo.

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