Ayer, la comisionada residente, Jenniffer González, presentó formalmente en el Congreso de los Estados Unidos un nuevo proyecto para adelantar la causa de la estadidad para Puerto Rico. En esta ocasión, la propuesta de admisión ignora otras opciones de estatus que no sean la anexión y se abraza a los resultados de la última consulta que fue boicoteada por la mayoría de los ciudadanos hábiles para votar. Claro, el PNP sostiene que, en un proceso electoral cuentan los que participan, mientras la oposición sostiene que el ejercicio no tiene legitimidad. Y como los políticos son como los camaleones, ambos sectores tenían discursos contrarios tras los resultados en la consulta que hubo sobre la deseabilidad de un sistema parlamentario unicameral.
La propuesta de González resulta en una inyección de emoción y optimismo a los novoprogresistas que puedan sentirse agobiados por las peleas internas en su partido, particularmente las que han protagonizado Ricardo Rosselló y Thomas Rivera Schatz. Más allá de eso, las apuestas de los observadores concluyen que el proyecto tiene pocas posibilidades de llegar al escritorio del presidente de los Estados Unidos. La razón es sencilla: es una de timing. Al Congreso le queda un semestre de trabajo antes de que entren nuevos miembros después de las elecciones de medio término en noviembre. Para que el proyecto baje a votación antes de enero, en la Cámara tendría que pasar por el crisol de los comités con jurisdicción y lograr que se superen todos los prejuicios que tiene Washington sobre ese tema. Aparte de ello, el tema competiría con las políticas locales que enfrentan en sus distritos los congresistas que van a reelección. La prioridad de los partidos estadounidenses en este momento es de controlar el Congreso; no tienen nada más en la lista de prioridades.
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En 1998 y por una escasa mayoría, un proyecto para un plebiscito vinculante fue aprobado en la Cámara, pero nunca se atendió en el Senado. Se trató del proyecto del congresista Don Young, que impulsó el entonces gobernador Pedro Rosselló. Se rumoró en aquel entonces que los congresistas fueron presionados para votar a favor por los poderosos sindicatos norteamericanos como parte de un canje que inició en la isla con la aprobación de la Ley de Sindicación de Empleados Públicos. Ayer, Young, republicano por Alaska, decía: “Es hora ya”, al anunciar su apoyo a la medida. Anterior a ello, tuvimos otro proceso que pareció adelantar bastante la discusión en la capital federal y se le conoció como el proceso Bennet Johnston, en 1989.
Durante la administración de Barack Obama, se prometió que el tema se atendería. Obama falló a su promesa y a última hora coló el tema en un presupuesto federal para viabilizar un plebiscito vinculante. Lo que ocurrió fue que la idea tenía una píldora venenosa que logró su cometido: matarlo. Y es que se requería como condición que las opciones que aparecieran en la papeleta fueran avaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El proceso burocrático en esa agencia y los cambios que hubo durante ese período en la cabecera de la oficina de Justicia impidieron que se adelantara la alegada intención de la Casa Blanca.
En esta ocasión, más allá de los retos procesales que enfrenta este nuevo proyecto, el tema tendrá que abrirse paso en el altamente polarizado debate político estadounidense. Por un lado, tenemos al presidente Trump, cuyo único interés es en este momento es mantener control del legislativo federal. Así se lo hizo saber al propio Rosselló la semana pasada. El ala más conservadora del Partido Republicano, en este momento en el poder, no ha sido muy fan del estadoísmo boricua. Por otro lado, tenemos al Partido Demócrata que parece moverse hacia una discurso más liberal y progresista. La elección de Alexandria Ocasio, de ascendencia boricua, como candidata a un distrito congresional neoyorquino, destronando al veterano e influyente incumbente, estremeció ayer a los demócratas. Con ello, las cadenas noticiosas de allá debatían sobre un posible regreso de Bernie Sanders al ticket nacional demócrata. Esa ala izquierda de ese partido nunca ha simpatizado con la estadidad, al punto que, paradójicamente, los anexionistas del patio los consideran enemigos de la llamada igualdad. Y es que los estadoístas boricuas han fracasado en empujar congresistas con raíces boricuas que sean afines a su causa, con excepción de casos como los de Labrador, Serrano y Darren Soto.
La polarización washingtoniana es el nuevo enemigo de la estadidad. Otro gran enemigo es la bancarrota de Puerto Rico. No hay grandes aliados para el PNP, cosa que se demostró ayer con la poca cantidad de auspiciadores a la medida de González. Rosselló emplazó ayer a los congresistas a actuar, amenazándolos con el voto boricua en contra, cosa ya le ha provocado enemigos en la capital federal.
La ventaja que tiene la estadidad en este momento es la ausencia de una oposición ideológica aquí y allá. Los estadolibristas —con sus respectivas ramificaciones— y los independentistas son facciones muertas que no dan muestras de dejarse sentir con efectividad en este momento. Los estadistas están solos en el tema del estatus puertorriqueño. Esa es, a mi juicio, la gran ventaja que tienen. En lo demás, no hay buenos augurios para ellos.
