La determinación del Tribunal Federal de que la Junta de Supervisión Fiscal deberá divulgar documentos públicos es una victoria para los ciudadanos. Si bien han sido las organizaciones periodísticas y los medios de comunicación los que han llevado la voz cantante por años para poder acceder a los documentos públicos que los Gobiernos han negado, se debe sostener la inequívoca decisión como una victoria del pueblo, que tiene el derecho de conocer la verdad. En este caso, la Junta debe entender que los ciudadanos tienen el derecho a estar informados.
Han sido semanas duras para la prensa, pero están rindiendo frutos los reclamos. El Centro de Periodismo Investigativo ha provocado contundentes declaraciones de un juez federal en torno a los documentos públicos y la confidencialidad. El juez federal Jay García Gregory aclarará hasta dónde llegan los poderes de la Junta bajo la ley PROMESA. Así el magistrado reiteró lo que ha sido objeto de debate en un sinnúmero de ocasiones: que la Junta no tiene inmunidad y debe responder a las leyes puertorriqueñas siempre y cuando no sean incompatibles con la Ley PROMESA, de manera que se reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.
Es importante esa aclaración porque la prensa no tiene más derechos que los ciudadanos a quienes constantemente se les violan. ¿ Cuántos de ustedes han ido a una agencia gubernamental y les han negado documentos aduciendo que son confidenciales, falsamente? Si se fijan en la determinación de García Gregory, está vinculada directamente con la libertad de prensa y expresión. Para los periodistas, la determinación significa una victoria contundente. Sin duda, la Junta de Supervisión estará radicada en Puerto Rico muchos años y no puede ser que los ciudadanos no se enteren cómo y por qué el ente tomó tal o cual determinación. Toda decisión de la Junta es igual a dólares y centavos. Los millones que ha gastado hasta el momento el organismo son del pueblo. Los trabajadores retirados están indignados con los traqueteos que, gracias a fuentes de información de la prensa, han podido corroborarse y publicarse. Ahora, tras la demanda y determinación, tanto ese renglón como otros que pretende tomar la Junta, se analizarán y divulgarán. Usted tiene el derecho de conocer en qué se gasta su dinero y qué va hacer el organismo con los chavos del retiro. Recuerdo muy bien cuando se nombró la Junta y esta prometió que todos los informes serían publicados, por lo que estarían disponibles para todos los ciudadanos. ¿Qué sucedió? La prensa reclamó los informes y fueron negados. Son documentos que merecen análisis antes de publicarse y a los que los ciudadanos tienen derecho de acceder. Todavía se espera por la contestación de la Junta a este round, pues tiene 30 días para apelar. Se puede anticipar que el organismo apelará la determinación federal porque existen otros documentos cuyo contenido no se desea divulgar aduciendo “confidencialidad”. También se está esperando por los documentos de las evaluaciones éticas a los miembros de la Junta, que se supone que se hicieran antes de asumir sus puestos. Se quiere conocer ese contenido, pues es obvio que la persona que está decidiendo no puede tener vínculos o intereses financieros con las entidades o agencias con las que están negociando. Negar documentos públicos es decir “no” a la transparencia y promover una cultura de ignorancia. La prensa respeta el reclamo de confidencialidad cuando una ley así lo declara. De la misma manera lo hacen los ciudadanos cuando reclaman privilegios. Si se adviene en conocimiento de información que pueda mancillar derechos fundamentales de los involucrados, no se puede publicar dicha información. El periodista que no respete ello está en problemas éticos y legales. Es indispensable que el pueblo reclame lo que por derecho tiene.
