Cuando hace dos años el Congreso de Estados Unidos determinó aprobar la Ley Promesa estaba realizando una movida política que significó la imposición de su poder imperial sobre la colonia. Esta ley, a su vez, estableció un mandato para crear una Junta de Control Fiscal que ha representado, en la práctica, la instauración de un nuevo orden político.
Los siete miembros de esta Junta actúan como si tuviesen poderes absolutos para determinar la política pública del país, por encima del gobernador y los legisladores. Ante la opinión pública, esta pretensión zarandea en un péndulo donde cada extremo representa posiciones contrarias, desde quienes validan sin cuestionamientos la autoridad de ese cuerpo para decidir todo lo concerniente a nuestro futuro económico y gubernamental y quienes la negamos y combatimos.
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Las intenciones de los miembros de esa Junta son claras. No se trata únicamente de la aprobación y distribución del presupuesto nacional con el único propósito de asegurar los dineros de los bonistas.
Estos sujetos, además, se adjudican la autoridad para vender activos del Gobierno, establecer planes para la consolidación de agencias, reducir servicios gubernamentales, cortar las pensiones públicas, eliminar subsidios e imponer leyes para masacrar nuestro ordenamiento laboral en perjuicio del bolsillo de empleados del Gobierno y la empresa privada.
También se otorgan la facultad para dar permisos para proyectos de infraestructura, privatizar bienes públicos y, de un plumazo, desautorizar cualquier ley u orden ejecutiva que contravenga sus planes.
Las ínfulas de sus miembros restriegan los excesos de la soberbia. Es una Junta colonial, déspota y antidemocrática que delinea sus intereses en ruta a proteger a los acreedores de bonos y a los grandes inversionistas que pululan por nuestras fronteras afilándose los colmillos a la espera de que se les permita adquirir control de nuestros bienes públicos.
Por eso y más han surgido voces y movimientos, dentro y fuera de Puerto Rico, repudiando sus acciones. Mas debe estar claro que el mayor problema que enfrentamos los puertorriqueños en nuestra batalla contra esa Junta es la colonia.
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En la medida en que no resolvamos como país el dilema colonial, poco avanzaremos en detener las intensiones de los miembros de ese conciliábulo federal. Por eso, es necesario prestarle mucha atención a la propuesta que ha presentado el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) recogida como un Plan de Acción Política que habría de concluir en una votación para que el pueblo se exprese en torno a esa Junta, al tiempo que reclame al Congreso de Estados Unidos el inicio, de una vez y por todas, de un proceso descolonizador.
El plan fue divulgado esta semana por el liderato del PIP luego de una reunión que sostuvieron con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Entonces, señalaron que la intención era concertar las fuerzas políticas del país y convocar a “la celebración de una consulta electoral especial que le permita al pueblo puertorriqueño expresarse de manera clara y contundente para exigir la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal y para reclamar la puesta en marcha en el Congreso de un proceso descolonizador que culmine con una votación en Puerto Rico entre las alternativas no coloniales ni territoriales que los proponentes de las diversas fórmulas logren acordar con el Congreso luego del proceso de negociación correspondiente”.
Aunque los líderes pipiolos dejaron claro su preferencia por la celebración de una Asamblea de Estatus, reconocieron que, ante la grave situación que vive el país, se hace urgente proyectarle al Gobierno estadounidense y al mundo el sentir masivo del pueblo, y qué más democrático que hacerlo mediante un proceso de elección.
Pero hay más. La propuesta de los dirigentes independentistas busca gestionar encuentros estratégicos bilaterales tanto con el presidente de Estados Unidos, como con el liderato bipartidista de las cámaras legislativas federales para discutir el problema político y económico del país. De la misma manera, consideran crucial unir fuerzas para comparecer en foros internacionales y ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas como una sola voz en contra de la Junta y a favor de la descolonización.
Pronto conoceremos si el gobernador estaría dispuesto a formar parte de este Plan de Acción Política. Ya sabemos que otras agrupaciones de la sociedad civil y organizaciones independentistas, como el Movimiento Nacional Hostosiano, han favorecido la iniciativa pipiola y han resaltado que “el pueblo tiene derecho a expresarse ante la imposición colonial, escoger su futuro y expresar su voluntad”.
En tanto, el Partido Popular Democrático ha mostrado renuencia a ser parte de este esfuerzo de concertación. La razón es clara: rehúyen de tener que enfrentar el verdadero problema que hay tras la Junta, es decir, la colonia. Una vez más, dejan al descubierto su flaqueza política.
En el liderato de ese partido no hay agallas ni voluntad para confrontar al poder imperial porque, ante todo, son lacayos coloniales que viven en una eterna genuflexión ante los designios del Gobierno estadounidense. Con esa actitud no es posible defender los mejores intereses del país.
