Privatización: muchas preguntas y pocas respuestas

Lea la opinión de Julio Rivera Saniel

Por Julio Rivera Saniel

Nadie está conforme con el desempeño de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿O me equivoco? Mi apuesta es a que no. Ese planteamiento, sin embargo, debe ser contextualizado. La Autoridad no es un edificio con vida y acciones propias. Por lo mismo, nuestra inconformidad con el desempeño de la corporación es, en realidad, nuestra insatisfacción con quienes la han manejado hasta el momento. Todos han sido incapaces. Solo eso puede explicar que una corporación que no tiene competencia y que, por consiguiente, es la única opción de todos los que quieren tener servicio eléctrico en el país, pueda estar en quiebra. Esa misma incapacidad y —quién sabe si, como ha denunciado históricamente la UTIER— algo de mala sangre, es la responsable de que por más de una década se abandonara la infraestructura de nuestra corporación, al punto de que sus instalaciones no tuvieron la más mínima posibilidad de sostenerse ante el embate de los vientos de un sistema como María. Todo eso es cierto.

Ahora, sin embargo, se propone la privatización de la AEE. Una idea que, de mis conversaciones con ciudadanos de todo tipo, parece tener buena recepción. Después de todo, se ancla en la más profunda desesperanza, una dirección errática que parece ser la constante administración tras administración y cuestionamientos sobre el otorgamiento de contratos y el manejo de sus finanzas. No obstante, decidir si se está a favor de un paso como la privatización requiere menos de emoción y mucho más de cabeza fría. Menos de impulso visceral y más de un análisis sosegado de los hechos y posibilidades. Si la privatización es o no la mejor de las alternativas para atender las pésimas condiciones de la AEE, es algo que aún no tengo claro. En lo que a mí respecta, para que así sea, hay múltiples preguntas que deben ser puestas sobre la mesa y, con ellas, sus contestaciones.

En primer lugar, ¿qué ganamos con la privatización? Para más de uno, la venta de los activos de la AEE es sinónimo de despolitización en la toma de decisiones. Y esa afirmación es muy probablemente cierta. Durante décadas, la administración de esa dependencia de gobierno ha sido manchada por los tira y hala del partidismo sin cabeza. Ese que solo razona a la mirada azul y roja. Pero la idea de la privatización como solución también parte de la premisa de que todo lo privado es sinónimo de mejor servicio. ¿Realmente lo es? En nuestra historia reciente otra corporación, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, vivió dos procesos de privatización dentro de la Compañía de Aguas y ONDEO. En ambos casos fue un desastre, cosa que demuestra que la privatización por sí sola no es siempre garantía de excelencia administrativa y mejoría en los servicios. Así que, ¿qué medidas se tomaran para garantizar que la empresa privada dará un mejor servicio que la corporación pública?

Muchos otros parten de la idea de que la privatización traerá varias compañías privadas que competirán, de suerte que, si no nos gusta una compañía, podremos cambiarnos a otra. Pero ¿será ese el panorama o estaremos ante un escenario de sustitución de un monopolio público por uno privado?

Por otra parte, ¿qué pasará con la factura? ¿Habrá controles para que se eviten aumentos injustificados de la factura? ¿Es cierto que se promoverá una reforma en la que la Comisión de Energía esté compuesta por un solo integrante? Si es así, ¿a quién responderá? ¿Tendrá la fuerza de ley para frenar abusos del sector privado?

Además, ¿se tiene claro qué pasará con el dinero de la venta? ¿Existe garantía de que el dinero se destinará a las pensiones de los empleados o el tribunal podrá destinar el dinero al pago de la deuda con los acreedores? Tras la venta de la Autoridad, ¿nos quedaremos con su deuda? Si es así, ¿con qué la pagaremos?

La compañía privada, ¿garantizará energía a todos los ciudadanos o solo a aquellos que vivan en zonas de fácil acceso? Si no es el caso, ¿qué hará el Estado para llenar ese vacío?

¿Existe alguna otra opción que no sea la privatización para capitalizar la Autoridad y lograr sus mejoras? ¿Es cierto que puede conseguirse lo mismo con un modelo de APP?

Si optáramos por no privatizar, ¿qué mecanismos deben ser implementados para arrancar de raíz la política partidista de la corporación?

Esas preguntas aún no tienen respuestas claras. Si se quiere promover un proceso transparente e informado, todas esas contestaciones y más deberán ser puestas sobre la mesa. A ver si por una vez tomamos una decisión informada.

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