No salimos de la cama

El Senado ha aprobado en estos días el proyecto de la Cámara 1018. Una medida que promete “restaurar la libertad religiosa” en la isla. Aprobarlo en tiempos como estos le otorga un aire de urgencia. Después de todo, insertar ese tema en la agenda de discusión del país a solo días del fin de la sesión ordinaria y en medio del escenario de caos que vivimos (¿quién olvida el paso de María, la reforma contributiva federal y la falta de liquidez de la Tarjeta de Salud?) debería requerir premura, concluiría más de uno antes de ver la pieza en detalle. Y, claro está, cuando se escucha que hay que restaurar se piensa que algo se ha perdido. Sin embargo, para los más importantes constitucionalistas del país, como Carlos Ramos, de eso de restaurar, el proyecto tiene muy poco, sobre todo porque no se restaura lo que no se ha perdido.

Según el profesor de derecho y otros de sus pares, la Constitución local garantiza ampliamente la libertad religiosa. Entonces, ¿qué hace tan urgente la aprobación de legislación que pretende proteger lo que ya está protegido? ¿Acaso hace falta una ley para proteger lo que ya resguarda la Constitución? Ante el “no” que responde a esas preguntas, comienzan inevitablemente los cuestionamientos de las intenciones detrás el proyecto.

Si la medida intenta ocupar un campo ya definido por la Constitución, entonces no puede uno evitar concluir que el proyecto, como innumerables intentos de legislación del pasado, no pretende otra cosa que intentar meterse en la cama de los ciudadanos una vez más. Y, de paso, permitir el discrimen en el otorgamiento de servicios del Estado. Tal y como ha explicado Ramos, de convertirse en ley, la medida intentaría legalizar escenarios donde un empleado público se niegue a otorgar servicios garantizados por el Estado, escudándose en su “libertad religiosa”. Por ejemplo, a negarse a emitir un certificado de adopción a una pareja compuesta por personas del mismo sexo. Si embargo, según los expertos, la medida está condenada al desecho, incluso si se convirtiera en ley porque choca no solo con la jurisprudencia local, sino también con decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a esos efectos.

Ha sido una tendencia marcada, desde hace unos años en sectores de nuestra clase política, el intento de definir lo “moral” desde la ley. Pero con lo “moral” como el equivalente a sus propias concepciones religiosas (con lo religioso no siempre como equivalente de lo “cristiano”) . Es la insistencia en presentar legislación que promete “ atender la situación del país”, pero desde una mirada que quita o limita derechos si esos derechos chocan de frente con preceptos religiosos. Es, a fin de cuentas, una visión de lo moral que no sale de “la cama”. A pesar de la falta de moral evidente y manifiesta en casos de corrupción gubernamental, mal uso de fondos, acoso sexual; o desde la amplia desigualdad social que no es combatida eficientemente por el Estado y que mantiene a la mayor parte del país sumida en la pobreza; o desde la falta de acceso a la salud que podría empeorar ante la crisis de liquidez de nuestro sistema de salud. A pesar de todo lo anterior y de la evidente inmoralidad detrás de la perpetuación de estos problemas sociales, algunos de los miembros de la clase política —como alguna vez dijo el fenecido Benny Frankie Cerezo— no salen de su fijación con lo púbico en asuntos públicos. A ver si nos vamos dando cuenta de que el reconocimiento de los derechos del otro no supone la limitación de nuestros propios derechos.