Este martes se consumirá el anunciado encuentro. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares está citado a comparecer ante los miembros del Congreso de Estados Unidos para rendir cuenta sobre el trabajo que se han realizado en la isla para lograr su recuperación tras la devastación sufrida como consecuencia del huracán María. No hay razón para negarse a asistir.
Primero, tendrá que acudir a una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal y luego tomará asiento para declarar ante una sesión que tendrá el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes. En esta última cita se prevé el más árido de los encuentros, puesto que la convocatoria ha sido trazada como “la necesidad de un rendimiento de cuentas financiero transparente en los esfuerzos de recuperación de desastres en los territorios”.
PUBLICIDAD
Rosselló Nevares no estará solo. El gobernador tendrá que acudir a las vistas congresionales junto al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, quien la semana pasada dejó plantado a los miembros del Comité de Recursos Naturales del cuerpo legislativo federal aludiendo a que trabajaba “arduamente” en la reparación del sistema eléctrico del país. Su ausencia a esa vista generó dudas e inconformidades.
Aquella citación, en cambio, no era para nada miel sobre hojuelas. Ya había advertido el republicano Rob Bishop, representante del estado de Utah y presidente de la referida comisión, que inquiriría al funcionario puertorriqueño sobre el nebuloso y extraño contrato que su agencia otorgó a la empresa Whitefish Energy Holdings.
Fue, precisamente, la divulgación pública de los términos de esa contratación lo que despertó dudas sobre cómo el Gobierno estaba manejando los fondos federales para atender la crisis. Tanto es así, que el portavoz de la minoría en esa subcomisión, Bobby Rush, demócrata por el estado de Illinois, se ha referido a ese contrato como uno que “huele a rata”.
La desconfianza aumentó, y la situación se agravó con el nuevo escándalo que provocó la divulgación de las artimañas de la firma CSA Group, a la que se le había concedido otro jugoso contrato para inspeccionar las escuelas, por lo que se señaló como responsable del atraso del inicio del curso escolar.
Seguido de estos escándalos comenzaron a escucharse las voces de los regentes del imperio. Primero fue el representante Bishop y luego el senador republicano Ron Johnson, entre otros congresistas, quienes han solicitado más supervisión al Gobierno de Rosselló Nevares sobre el uso de los fondos federales asignados para manejar esta emergencia. A ese coro de voces se unieron los miembros de la Junta de Control Fiscal, quienes clamaron a los congresistas estadounidenses una ampliación de sus poderes para tomar más control sobre la gestión gubernamental y el manejo de las finanzas públicas de Puerto Rico.
PUBLICIDAD
Con ese contexto de telón de fondo, el gobernador Rosselló Nevares tendrá que responder todas las preguntas que se planteen en torno a cómo se ha manejado esta crisis, exacerbada en los últimos dos meses por el paso de un arrollador ciclón, pero que tiene raíces más profundas y que se cristalizan en los serios problemas de gobernabilidad y en el mal manejo del dinero público, tal y como hemos experimentado en las últimas décadas.
Rosselló Nevares visitará la casa de sus amos. Probablemente, recibirá regaños públicos e instrucciones, aunque hay quienes vaticinan que, si lo fuerzan, será capaz de repetir el libreto de su padre, otrora gobernador de la isla, cuando en medio del forcejeo de un debate con congresistas estadounidenses sobre el caso de Vieques disparó su frase “Don’t push it”.
El actual gobernador, en cambio, sabe muy bien que los convocantes a las dos audiencias públicas que tendrá el martes son los mismos que hace más de un año le impusieron a la isla una Junta de Control Fiscal para proteger los intereses de los bonistas. Una junta que, además, llegó con el respaldo de políticos de los dos principales partidos del país y que fue avalada por representantes del sector privado.
Una junta dictatorial que, ante todo, ha mostrado tener claro dónde radica la autoridad política para tomar decisiones en un país en el que habitan ciudadanos estadounidenses que carecen de poder para trazar la agenda de su destino.
Ya veremos con cuál actitud se enfrentará Rosselló Nevares al poder estadounidenses. Tiene muy pocas salidas.
