Son ya 48 los días que han transcurrido tras el paso del huracán María. Cuarenta y ocho largos y tortuosos días, sobre todo para aquellos quienes aún carecen de los servicios básicos. No nos llamemos a engaño. Sorprendernos ante el nivel del desastre o la dificultad para restablecer el servicio en la Autoridad de Energía Eléctrica sería una admisión de desconexión con la realidad que ha vivido esa corporación pública durante años. Al menos durante la pasada década, se denunció de manera consistente el deterioro de la AEE. También la reducción sistemática de su plantilla, que hoy cuenta con, al menos, 1,500 empleados menos para atender la mayor crisis en la historia del país si se le compara con la cantidad disponible tras el paso de Hugo. Estipulado. Pero lo que sí sorprende es la ambigüedad como respuesta a la crisis.
No se trata de un cuestionamiento sobre intenciones. Parto de la premisa de que cualquier gobernador, jefe de agencia o alcalde procura un desempeño a la altura de la emergencia. Después de todo, ¿quién quiere lucir incapaz ante el ojo público? Sin embargo, por las razones que sean —razones que, confieso, aún no logro descifrar— salvo contadas excepciones, la oficialidad ha lucido torpe en su respuesta. Y cuando hablo de ella, no me circunscribo a las autoridades locales. Aunque protegidas por ese velo de “superioridad” que algunos ciudadanos —tal vez, demasiados— adjudican a todo lo que lleve el apellido “federal”, el toma y dame entre esa jurisdicción y nuestro gobierno ha tenido como única víctima a los ciudadanos, que continúan sin satisfacer de manera efectiva sus necesidades. Es un ping pong eterno en el que el único perdedor es usted, quien aguarda por los servicios.
Como muestra, un par de botones. ¿El primero? La lucha por los toldos azules. A 48 días de la tragedia, FEMA ha admitido dos cosas: que no ha podido traer todos los toldos necesarios para cumplir con las necesidades de los afectados y, en segundo lugar, que de los más de 20 mil hogares donde autorizaron la instalaciones de los toldos que colocan los empleados del Cuerpo de Ingenieros, solo cinco mil han sido instalados. Cinco mil. ¿El resto? Tres vaguadas y un par de ondas tropicales después, irremediablemente pasados por agua al punto de magnificar aún más los estragos del huracán por el efecto de la ineficiencia del Estado.
Con la basura y los escombros, la historia es similar. A casi 50 días del paso de María todavía los municipios, el Gobierno central y el Cuerpo de Ingenieros se reparten las culpas sobre a quién corresponde el recogido de las toneladas de basura que inundan las calles. Mientras la culpa es adjudicada el resultado es el mismo: calles inundadas de escombros a las puertas de una emergencia de salud pública.
Ni hablar de las escuelas. Decenas de planteles listos para abrir no lo hicieron porque en la guerra de versiones entre el Departamento de Educación y el Cuerpo de Ingenieros no asomaba un vencedor. Al final del camino, horas después de la cancelación de un contrato del que nadie se adjudicaba paternidad, y tras un trabalenguas de “dije y no dije, pero quise decir”, el Cuerpo de Ingenieros se lavó las manos y la secretaria de Educación pasó la responsabilidad de la certificación de planteles aptos para clase a los directores escolares. A los mismos funcionarios que desautorizó cuando reclamaron que decenas de escuelas estaban listas para reabrir. Mucho nadar para morir en la orilla.
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Y para añadir al agravio, el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica. El Gobierno que sí, y el Cuerpo de Ingenieros que no sobre el regreso del 95 % de la energía para diciembre.
Un ping pong eterno. Un conflicto interminable que entretiene, pero no da respuestas claras. Lo único que parece tener certeza es que, a fin de cuentas, los ciudadanos —inundados en un mar de datos, cifras y versiones— no tenemos certeza de absolutamente nada que no sea que tanto federales como locales nos mantienen ahogados en una avalancha de burocracia.