“El momento histórico que estamos viviendo requiere establecer estándares y calificaciones más estrictas a la hora de reclutar empleados a puestos de confianza. El esquema de corrupción de Anaudi Hernández dejó al relieve cómo se ejercían presiones indebidas, basadas en el inversionismo político, para el nombramiento de puestos de confianza y agenciarse fondos públicos burlando la ley”, expresó el gobernador Ricardo Rosselló a días de salir victorioso en las elecciones del 2016.
Mencionó el sonado caso de Anaudi Hernández, convicto por utilizar su acceso político para lograr contratos y fondos gubernamentales por 2 millones de dólares en procesos irregulares.
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No ha pasado un año de dichas expresiones y corresponde a su administración lidiar con un escándalo de 300 millones de dólares, que hacen lucir el caso de Anáudi Hernández como uno de poca monta. Responsablemente debemos aclarar que, al momento, en el caso del contrato otorgado por la Autoridad de Eenergía Eléctrica (AEE) a Whitefish Energy, no se ha probado, ni hay evidencia documental de corrupción. No obstante, la falta de explicaciones lógicas y contundentes, el no publicar por iniciativa propia el contrato, puede crear la sensación en la ciudadanía que no se cumple con los niveles de transparencia comprometidos.
En ese renglón, el pasado 25 de mayo, al presentar una medida de transparencia gubernamental, el primer mandatario dijo: “Han sido muchos los gobiernos que han prometido transparencia pero nunca se han obligado a ello. Para esta administración es de suma importancia establecer como política pública y con la fuerza de una ley, el proceso para garantizar el ejercicio adecuado del derecho constitucional de acceso a la información y documentación pública”.
Tras destacar que los gobiernos del pasado se habían comprometido con la transparencia, pero que nunca se habían obligado con la misma, cinco meses más tarde parece ocurrir lo mismo. En el caso de Whitefish Energy, la prensa puertorriqueña comenzó a indagar sobre la otorgación del contrato, línea que fue adoptada por la prensa norteamericana cuando salió la posibilidad de que presidente Donald Trump estuviese involucrado. Mi impresión es que si ese nombre no hubiera salido, la prensa estadounidense no le hubiera prestado mayor atención al asunto.
No ha terminado la controversia de Whitefish e inicia otra con la otorgación del contrato de CSA Group en el Departamento de Educación. Todo era un misterio, al punto que la Secretaria, Julia Keleher, no sabía de la existencia del mismo, ni quién lo había firmado. Este medio, en su edición del viernes pasado, destacaba “Metro solicitó al Gobierno detalles de los contratos de CSA para la emergencia, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta concreta ni de La Fortaleza ni de la OGP ni del Banco Gubernamental de Fomento, donde fuimos referidos por la Mansión Ejecutiva.” En el caso de Whitefish, también se tuvo a la prensa de un lado a otro para obtener la información.
Tras la insistencia de la prensa, en particular de Metro, el gobierno hace público el contrato de CSA. Antes de revelarlo, el contrato fue cancelado. No obstante, trasciende que el mismo fue firmado por Abner Gómez, director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias, quien sorprendentemente está de vacaciones, desde hace unas semanas. ¿El encargado de una emergencia toma vacaciones durante una emergencia?
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En el caso de la AEE, La Fortaleza indicó que no estaban al tanto de la contratación ni sus detalles. Sin embargo, en dicha Junta hay dos figuras que son mano derecha del gobernador en distintos asuntos: Omar Marrero, Director de la Autoridad de los Puertos y las Alianzas Público Privadas , así como Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. Según Luis Santini Gaudier, ex representante de los abonados en la junta de la AEE, el que esas dos figuras fueran partícipes de la contratación de Whitefish, hace imposible que La Fortaleza no supiera de la contratación.
Tras el paso de un fenómeno atmosférico por la isla, como en cualquier otra jurisdicción, vienen sumas billonarias de dinero para la recuperación. Para el pueblo, el gobierno ha tenido dos oportunidades específicas de mostrar su compromiso con la transparencia prometida. No obstante, lo dificultuoso que han hecho acceder a la información pública en estos dos casos, los alejan de dicha promesa. No se deben hacer promesas solo para proyectar una apariencia porque luego ocurren situaciones como éstas y pueden hacer pensar al pueblo que, igual que gobiernos anteriores, no hay un compromiso genuino.
Los medios de comunicación no son enemigos del gobierno. Al contrario, en terminos generales pueden ayudar al gobierno a detectar irregularidades. El que tenga malas intenciones en, o con la administración pública, puede ver a la clase periodística como “enemigos” que le pueden impedir sus metas. No obstante nuestro compromiso es con el pueblo.
La prensa, buena o mala, ha sido quien ha dado la voz de alerta sobre situaciones que parecen no andar bien en el gobierno tras el paso del huracán María. Ha sido la que, con su fiscalización, ha obligado al gobierno a publicar los documentos. Por tal razón, con los billones que vienen de camino, mayor atención debemos prestar a las transacciones gubernamentales.
El gobernador puede tener la mejor intención de hacer las cosas bien, pero si proyectan un intent de ocultar información a los medios, probablemente no haya cancelación de contrato que pueda borrar el sinsabor en la ciudadanía de que cancelan porque los agarran, aunque no se el caso.
