He escuchado historias de horror sobre la laxitud del sistema judicial y cómo esa arrastrada de pies de los jueces desemboca en resultados que hunden la confianza que la ciudadanía pueda tener en la judicatura, más allá de pensar que se trata de una parte enchismada porque no le fallaron a favor.
Eduardo Carrasquillo se personó a NotiUno 630 el pasado viernes sin haber coordinado una reunión. Luego de atender unos asuntos que tenía pendiente, nos reunimos en mi oficina. Allí sacó de un bulto dos paquetes de documentos que dejan corta a la Biblia, en términos de lo voluminosos que son.
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Se divorció en 2007 y desde aproximadamente 2009 no ha podido relacionarse con la hija procreada con su expareja, quien evidentemente intenta que esa relación de padre e hija no se materialice. La menor tenía 10 años la última vez que hablaron. Hoy tiene 18 años, por lo que Eduardo y su hija perdieron todo ese tiempo. Usted solo imagine no relacionarse con su hijo o hija por ese período de tiempo.
Precisamente en 2009, luego de estudios y entrevistas, un informe recomendó que se estableciera la relación paterno filial. Hoy estamos en 2017, pero el Tribunal de Menores de Bayamón y el juez Luis Francisco Ojeda Diez, quien ha estado atendiendo los reclamos en los últimos años, parecen abanicarse con los informes y mociones, sin importarles mucho el bienestar de la menor ni la recomendación del informe. Según indicó el entrevistado, el caso se ha visto afectado por las ausencias de la madre a citas, a vistas judiciales y por los cambios de abogados de esta. Presuntamente, la última abogada también renunció, ya que ha llegado al punto de que en ocasiones se le ha hecho complicado dar con el paradero de su clienta.
Hace más de un año, Eduardo se personó a NotiUno 630 donde se realizó un reportaje de su caso, lo que provocó que el juez Ojeda Diez reaccionara firmando la orden de que se iniciara el proceso del encuentro entre padre e hija. No obstante, la madre asistió a una reunión, pero no a las demás. Cuando citaron a otra vista judicial para ver el estatus, la abogada de la madre llegó sola con una moción solicitando diez días adicionales. Al parecer no había podido dar con el paradero de su clienta. De inmediato, la representación legal del padre contestó que se oponían a la extensión de días y reclamaron que se dictara orden, en vista de que la madre se “ha burlado del Tribunal” con sus ausencias y reticencia a cumplir las órdenes. Un año después no ha ocurrido nada. ¿Qué le imposibilita al juez hacer valer las directrices de su sala?
No es el único caso que conozco. Recientemente, le ocurrió a un amigo en el Centro Judicial de San Juan. Casi la misma historia: juez arrastrando los pies en el caso de un padre que lucha por compartir con su hija, que a su vez es manipulada por la mamá, quien parece buscar castigar al padre por viejas diferencias que les impidieron continuar juntos.
Sí, hay casos de padres abusadores que buscan excusas para no pagar pensión alimenticia mientras se llenan la barriga de cerveza. Pero también hay padres responsables que solo quieren mantener una relación saludable con sus hijos y lo que encuentran es una tormenta perfecta: una madre manipuladora con sed de venganza, en alianza con un tribunal vago, indiferente a la salud emocional y el mejor bienestar de un menor. Aquí no debe haber paños tibios con los padres irresponsables, pero tampoco con las madres que usan a los hijos como herramienta de desquite. Hay de los dos.
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¡Ah! ¿La pensión? ¡Ahí no falla el tribunal! Y puede estar muy bien, es la responsabilidad del padre cumplir con sus hijos y del Tribunal hacer valer que a esos menores se les cumpla. El problema es cuando el sistema no es igual de exigente a la hora de hacer valer el derecho del padre a estar presente en la vida de sus hijos.
¿Qué hacen los jueces admistradores? ¿Como es posible que el caso de un padre dure ¡8 años! sin resolverse, pase por las narices del juez administrador y este no se percate. ¿O es que se percata, pero tampoco le importa? Es una barbarie lo que está permitiendo el juez administrador del Tribunal de Menores de Bayamón y el sistema completo porque, repito, no es el único caso ni en el único tribunal.
Sé que este escrito será leído por la jueza presidenta de nuestro Tribunal Supremo, honorable Maite Oronoz Rodríguez, y solo espero que tenga la sensibilidad que no ha tenido el Tribunal de Menores de Bayamón para tomar acción, y que no activen la estrategia de autodefensa con la que suelen intentar esconder o justificar las fallas del sistema. Al contrario, estas publicaciones sirven para alertar sobre las cosas que ocurren y quizás no les llegan por las vías que se supone que lleguen.
