Por: María de Lourdes Santiago
Las cenizas de carbón que produce AES son el asbesto del siglo XXI. Durante décadas, el asbesto fue mercadeado como el producto ideal para la construcción: barato, abundante, duradero. Su uso se extendió rápidamente, en particular en estructuras gubernamentales, como edificios militares, escuelas públicas y viviendas para gente pobre. Cientos de miles de personas estuvieron expuestas, con el auspicio del Estado, a un material causante de asbestosis, mesotelioma y cáncer. A pesar de que desde los anÞos 70 comenzaron a ventilarse casos reclamando daños por la exposición al asbesto, no fue hasta el 1989 que la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) estableció ciertas prohibiciones para su uso. La remoción de asbesto ha representado costos millonarios tanto para el gobierno como para la empresa privada. Hoy, el uso del asbesto están vedado en varios países, pero en los Estados Unidos está permitida su utilización en diversas formas, desde discos de frenos hasta revestimiento de techos.
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En Puerto Rico, uno de los episodios más recientes de contaminación por asbesto se dio en la Escuela Lucas Valdivieso, y en el Head Start de la comunidad de Tallaboa Encarnación en Peñuelas.
Estudiantes y maestros fueron súbitamente desalojados, dejando atrás equipo y materiales. La contaminación fue provocada por la demolición, en condiciones inseguras, de estructuras aledañas en las antiguas petroquímicas. Los centros de estudio fueron objeto de limpieza; las casas de la comunidad, no.
Es larga la historia de Tallaboa como víctima de desmanes ambientales auspiciados o consentidos por el gobierno. Las petroquímicas. La planta de ácido. La quema de neumáticos. La intentona de los dos gasoductos. Y desde hace varios años, el depósito de cenizas resultado de la quema de carbón para generar la energía por la que AES le cobra $900,000 al día al pueblo de Puerto Rico. Muchas cenizas: de 600 a 1,000 toneladas diarias. Cenizas que, según admite la EPA, contienen componentes tóxicos como mercurio, cadmio y arsénico, pero que, alegan, pueden “manejarse adecuadamente”. Igual que el asbesto. Le tocará a futuras generaciones deshacerse de las miles de toneladas de cenizas que con el visto bueno del gobierno, están enterradas en vertederos, urbanizaciones y carreteras.
Tanto la EPA como la Junta de Calidad Ambiental, en sintonía perfecta con la carbonera, utilizan como base para permitir el depósito de cenizas una prueba regulatoria insuficiente conocida como TCLP, a pesar de que la agencia federal, hablando por los dos lados de la boca, admite que es otra prueba, la LEAF, la que se debe alentar “para evaluar el potencial de impactos adversos a la salud humana o al medio ambiente”. Para medir daños, sí, nos dicen. Para reglamentar, ni soñarlo.
Las cenizas de carbón plantean un grave problema ambiental y son el resultado de la incompetencia en la implantación de políticas energéticas. Pero son también el reflejo de la repugnante disposición del Estado para alinearse con los intereses privilegiados y azotar a los que menos tienen. Es por todas esas razones que este domingo 30 de julio debemos congregarnos desde el mediodía en Peñuelas, en el campamento que la comunidad ha levantado. No es sólo Peñuelas: es todo Puerto Rico contra las cenizas.
