La sentencia quedó formalmente dictaminada en 1952. Los regentes del poder gubernamental de entonces, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín, se arrodillaron ante su amo estadounidense y concretaron el –indigno– andamiaje político de subordinación que ha mantenido la actual relación colonial.
Así nació el Estado Libre Asociado (ELA), la farsa más grande de nuestra historia contemporánea fundada bajo el engaño de que habríamos de crear un gobierno propio.
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Sin embargo, la realidad es que esta fórmula política ha sido, sencillamente, un signo de esclavitud. La cristalización del orden de sumisión ante la metrópoli zurcido con un diseño político que camuflajeó la condición colonial en una definición enmarañada que pretendió simular que los puertorriqueños habíamos alcanzado espacios de autonomía para conducir nuestros destinos.
Con la creación del ELA quedaron intactas las disposiciones de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico (Ley 600), lo que nos ha mantenido sometidos al régimen estadounidense en todos los órdenes políticos existentes porque, constitucionalmente, perpetuamos nuestra condición de territorio no incorporado de Estados Unidos.
Mas no tardó mucho tiempo en que la comunidad internacional develara el engaño del ELA y se alzaran voces exigiendo la descolonización de la isla. Empero, el reclamo anticolonial se trató de opacar con el maquillaje de “progreso” que vivió el país por varias décadas y que se acompañó de una intensa campaña propagandística que pretendía “vender” el ELA como una fórmula que proveía bienestar.
Esa ofensiva ideológica y propagandística con la que se mercadeó el ELA ocultó las limitaciones socioeconómicas y políticas que arrastra un régimen colonial y las ventajas que ese ordenamiento representaba para los intereses del capital monopólico industrial y financiero.
En el plano político, el ELA nunca proveyó un gobierno propio, democrático ni autónomo para el pueblo de Puerto Rico. Por el contrario, disfrazó la colonia y, desde entonces, ha tratado de persistir ataviada de una impúdica campaña de engaño y desinformación.
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Esto porque el ELA no ha sido más que una colonia sometida a los dictámenes del gobierno estadounidense, regido por la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos y, por consiguiente, subyugada a los poderes plenarios del Congreso.
Esa condición colonial no solo está presente en la concepción política de quienes ostentan el poder en Estados Unidos, sino que, además, ha sido reafirmada y sostenida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de esa nación cuando, en 1922, dictaminó que Puerto Rico “pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos”.
De la misma manera, esa visión fue refrendada en 1980 cuando el mismo tribunal sentenció que, por el hecho de que el país estuviera sometido a la cláusula territorial, el Congreso se abrogaba el poder de discriminar en términos del acceso que podían tener los puertorriqueños a ciertos programas de beneficencia pagados con fondos federales.
Y más recientemente, el alto foro judicial estadounidense ratificó la condición colonial del ELA al resolver el caso Sánchez Valle vs. Commonwealth of Puerto Rico, en el que concluyó que ni antes de la invasión de 1898 ni después de creado el ELA Puerto Rico ha tenido poder o soberanía alguna. Para los constitucionalistas, esta ha sido la decisión más importante sobre Puerto Rico del Tribunal Supremo de Estados Unidos desde los llamados Casos Insulares de principios del pasado siglo.
Y para quienes después de esa decisión judicial se han negado a reconocer la realidad de subordinación de la isla, el pasado año el Congreso federal les abofeteo al imponer una Junta de Control Fiscal a la que delegó el poder para dirigir los destinos del país pasándole el rolo a la cúpula política que, tras ganar un proceso electoral, asumió el control del aparato gubernamental.
Lo terrible es que después de estos últimos acontecimientos hayan políticos que pretendan ensalzar el ELA y hasta convoquen a sus huestes a celebrar su creación.
No se dan cuenta que quienes persistan defender el ELA colonial están condenados a vivir desarraigados, como también lo están quienes con ingenuidad apuestan a transformar esa condición política dentro del ordenamiento actual.
Ese liderato político, que se niega a superar las sombras de una pantomima colonial y rechaza enterrar de una vez y por todas al ELA, hace tiempo que sucumbió
