Por: Denis Márquez
El pasado lunes se celebró en la Comisión de Derechos Civiles la segunda vista pública para atender la querella presentada por este servidor, junto con el senador Juan Dalmau, a raíz de las expresiones emitidas por la superintendente de la Policía, Michelle M. Hernández de Fraley, a los efectos de que la Policía monitoreaba las redes sociales de personas y organizaciones que expresaran sus intenciones de participar en manifestaciones en contra del Gobierno. Tanto la ponencia escrita de la superintendente como las contestaciones ofrecidas por los funcionarios del Estado provocaron más preguntas que respuestas.
La superintendente alegó que cualquier información colocada voluntariamente en las redes sociales carece de expectativa razonable de intimidad porque “se comparten entre usuarios que a su vez comparten esa información con otras personas”. Para la jefa de la Policía, cualquier información que usted comparta en Facebook, por ejemplo, ya sea solo entre sus amigos o por inbox, está sujeta a inspección por el Estado. Afortunadamente, esta aseveración no es más que una apreciación personal de la superintendente que no está sustentada por las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico ni de la Corte Suprema de Estados Unidos, que se nos impone como posesión colonial. Por eso los funcionarios del Estado no pudieron citar en su ponencia ni un solo caso que así lo estableciera.
Incluso, si dicha información fuera pública, la centralización del poder investigativo del Estado en ciertas personas u organizaciones particulares, basado exclusivamente en su intención de ejercer su derecho constitucional a expresarse, seguiría constituyendo una práctica ilegal e inconstitucional. Esa era precisamente la esencia del carpeteo. Gran parte de la información recopilada ilegalmente por décadas contra individuos solo por ser independentistas constaba de información pública. Es irrelevante si el acto ocurrió en una plaza pública o en la intimidad del hogar; sigue siendo ilegal.
Pero este asunto es todavía más preocupante. Aparte de la División de Crímenes Cibernéticos, adscrita a la Oficina del Jefe de los Fiscales del Departamento de Justicia, ahora nos enteramos de que existe un Centro de Recopilación y Análisis de la Información (CRADIC), que recopila y guarda información por años, en ocasiones obtenida sin orden judicial ni notificación alguna a las personas afectadas. El problema no es que existan estas herramientas, sino que no haya reglamentos que limiten el ejercicio del poder del Estado sobre sus ciudadanos.
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Asimismo, el Estado incumplió las órdenes de la comisión para que entregara información en torno al paradero de material fotográfico que miembros de la uniformada han producido durante manifestaciones. Nada de esto fue aclarado. Tampoco lo fue la posible presencia de encubiertos en los grupos del paro nacional. En cambio, la superintendente “aclaró” que la Policía no tenía encubiertos en dichas manifestaciones, sino que solo tenían “agentes de la Policía de ropa civil haciendo trabajo confidencial”. Pero el nombre no hace la cosa.
Exhorto a la comisión a continuar sus esfuerzos para arrojar luz sobre estas prácticas. Desde el PIP, y yo desde la Asamblea Legislativa, haremos todo lo posible para evitar que se normalicen acciones estatales que tanto luchamos por erradicar y que perjudicaron a miles de personas que fueron perseguidas por pensar y luchar por la libertad.