Menos pa’l paciente: ¿quién le quita al negocio?

El llanto de Iraida Carrillo sacudió a más de uno. La historia de su hijo, John Rosa, fue presentada el pasado fin de semana en Noticentro y las reacciones llegaron de inmediato. Se trata de un joven de 15 años, autista y con una condición clasificada como “catastrófica” que le provoca cerca de 300 convulsiones al día. Para evitarlas, el joven debe utilizar diariamente un medicamento en gel que detiene las convulsiones. Pero con los recortes en Mi Salud, ASES determinó que el medicamento podía ser cambiado. ASES llegó a esa conclusión a pesar de las recomendaciones médicas que aseguraban que el medicamento oral que ahora se le suministra —y que resulta más barato— no podrá ser utilizado con eficacia, porque, en medio de una convulsión, resulta imposible que el jovencito se tome una pastilla. Lógico, ¿no cree? Seguro. Pero no para ASES. Solo después que denunciáramos el caso, los administradores de la tarjeta de salud del Gobierno revirtieron la restricción que pudo haberle costado la vida a John.

Pero este caso es, sin duda, solo uno de una larga lista de restricciones que han sido y serán implementadas desde ASES para lograr metas de reducción de costos. Desde su creación,  la “tarjetita” arrastra déficits millonarios, y la Junta de Control Fiscal ha ordenado cortar cerca de $1,000 millones de sus gastos. La opción primaria ha sido cortar la cobertura, eliminar medicamentos y sustituirlos por “genéricos” y, a partir de 2018, reducir la ganancia de los médicos. Y aunque el discurso oficial habla de “sacrificios” para todos, en la práctica el nivel de sacrificios no parece equitativo cuando se trata del sector privado.

Para que usted tenga una idea, según datos de Health Business Daily citados en el más reciente libro publicado por el exsecretario de Salud Enrique Vázquez Quintana, en el año 2016, las aseguradoras que operan la tarjeta de salud se habían embolsillado ganancias gigantescas. Al año 2010, compañías como MMM, MCS o Triple S se habían echado al bolsillo, según la publicación, ganancias de $104 mil millones, $69 mil millones y $119 mil millones. De igual manera, según la misma fuente, las compensaciones anuales a los directores ejecutivos de esas compañías eran igualmente millonarias. Uno de los directivos fue compensado con $4.2 millones en 2014 con un aumento a $5.7 millones en 2015. Entonces, ¿la crisis de la tarjeta de salud ha hecho que se toque el modelo de compensaciones para ajustarlas a la realidad actual o es solo el paciente el que se ve afectado en la ecuación? ¿Por qué los recortes en los gastos de Salud no contemplan un cambio de modelo salubrista menos costoso y más eficaz? O, en definitiva, ¿por qué no se contempla una reducción en el número de intermediarios que se quedan con el grueso del dinero destinado a la salud del país? Casi al unísono los expertos en el tema de salud han recomendado —durante años— una sacudida al modelo actual que ha probado no solo ser costoso sino ineficiente, pero razones “misteriosas” lo han evitado. Para muchos, el misterio no es otro que las aportaciones económicas que esas compañías realizan a los partidos que se han turneado en el poder. Pero cualquiera que sea el caso parecería inmoral el contraste entre la continuación de un modelo caduco, recortes en la cobertura y la existencia de casos como el de John que parecen confirmar sin empacho que la salud, lejos de ser un derecho, es un negocio altamente lucrativo para algunos. Para otros, es solo cuestión de suerte.