Mientras Jaresko -la nueva directora de la Junta Fiscal- anda de media tour, y el gobernador sigue celebrando sus 100 días en La Fortaleza, en las próximas horas Washington pudiera estar haciendo una expresión significativa sobre su futura relación política con Puerto Rico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene hasta el domingo para pronunciarse sobre el plebiscito de estatus convocado por el gobernador Ricardo Rosselló, al amparo de la ley aprobada por Barack Obama que permite la asignación de $2.5 millones en fondos federales para su realización.
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El plazo que vence el próximo 16 de abril, no supone que Justicia federal tenga que decir algo sobre el plebiscito. Pero, una expresión o el mismo silencio, tendrá su impacto en el terreno político local.
Según la ley federal antes mencionada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene que validar las opciones de estatus en la consulta para que el Tesoro federal desembolse los fondos consignados. Esos fondos serían únicamente para fines educativos. Ya la Legislatura local ha dispuesto que las opciones en la papeleta serán la estadidad y la soberanía, con sus variables de independencia y libre asociación, a dilucidarse eventualmente si ganara la segunda columna.
Si Jeff Sessions, el Secretario de Justicia de EE.UU., valida las opciones presentadas en la consulta, ignorando la ausencia ahí del estatus quo, ello supondría un golpe para el Partido Popular que se reúne la semana próxima para decidir qué hacer en la votación del 11 de junio. Si por el contrario, Sessions muestra un reparo, aunque sea mínimo, a la consulta o guarda silencio, con la única consecuencia práctica de que la Comisión Estatal de Elecciones no contaría con el dinero federal para publicidad, ello debilitaría el ejercicio que el gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que va ha como de lugar.
En ese segundo escenario, Héctor Ferrer tendría más garras para invitar a sus huestes a boicotear o torpedear el proceso, argumentando que se trata de otro ejercicio criollo no vinculante con la metrópoli. Ello, sin embargo, no puede ser interpretado por el PPD como un permiso para seguir evadiendo su responsabilidad histórica de definirse de una vez y por todas, con una opción no colonial y que sea funcional para nuestro país.
Lo que diga o no, Justicia federal, regocijará a muchos y desilucionará a otros. Si la expresión o el silencio de Washington resulta en algo contraproducente para Rosselló, al PNP no le quedará otra opción que ir a las urnas y prometer el Plan Tennessee como estrategia posterior. Si no tendría a su masa electoral desanimada de cara al plebiscito. Ferrer, por su lado, debe saber que al PPD se le sigue yendo la vida y ese proceso podría aligerar en las próximas horas.
