La UPR ante su momento más crítico

Lea la columna de opinión de Hiram Guadalupe.

Por Hiram Guadalupe

Con su protesta los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras dejan claro que se niegan a encubrir la embestida que se lanza contra el principal centro docente del país.

Al momento son los jóvenes universitarios el único grupo social que se ha parado con valentía a denunciar y detener la política de austeridad que, sin mediar diálogos, se impone desde la Junta de Control Fiscal, con la complicidad del Gobierno, y que afectará los servicios esenciales de la ciudadanía.

Los estudiantes denuncian las implicaciones que arrastra la propuesta de recortes que le viene encima a la universidad y que en pocos años representará la reducción de más de la mitad de su presupuesto. Hablamos de $450 millones que dejaría de recibir la UPR y que pararían en una alcancía destinada a pagar una deuda pública de cuestionada legitimidad.

De no detenerse la fuerza de los vientos que soplan desde la Junta, lo que se avecina sobre la UPR es un fenómeno devastador que desampararía a la institución restándole recursos que hoy se invierten en investigación, enseñanza, creación y difusión de conocimientos y programas de inserción social.

Serán miles los jóvenes puertorriqueños que sufrirán los estragos de esta imposición fiscal. Otros cientos de profesores y trabajadores no docentes también sentirán los efectos de esos recortes, pero el más perjudicado será el pueblo de Puerto Rico que se ha nutrido, por más de un siglo, del producto de la UPR.

Para enfrentar este embate, los estudiantes decidieron salir a la calle y consignar su repudio a los ajustes fiscales. Así colocan la atención pública sobre el problema que enfrenta la universidad y luchan por evitar su ruina. Para esto acordaron detener las actividades del recinto riopedrense cerrando sus portones.

La ecuación es clara: si no hay resistencia ante las pretensiones de la Junta, la comunidad universitaria se tornaría cómplice de su propia destrucción, dejando a la deriva el rumbo de la institución pública más importante del país.

Entonces ¿cómo se detiene la política de austeridad que cae sobre las arcas de la UPR? ¿De qué manera se le hace ver a los regentes del poder local e imperial que sus acciones perjudican la estabilidad presente y futura de la UPR? ¿Cómo hacerle caer en razón al Gobierno y a la Junta que la educación es la inversión más importante que puede hacer un Estado; que no se trata de un gasto más, sino de un activo que genera grandes dividendos para la sociedad? ¿Qué mecanismo de acción es eficaz para lograr que la administración gubernamental repiense su postura sobre la exigencia de recortes fiscales para la UPR?

Esas son preguntas centrales de la situación que enfrenta hoy la universidad. Sin embargo, quienes expresan su oposición al paro decretado por una asamblea de estudiantes no han logrado responderlas.

Olvidan, por omisión o comisión, que la enfermedad no está en la sábana. Pasan por alto que el foco central de discusión no está en el debate sobre las estrategias de los estudiantes, sino en cómo enfrentar los recortes que se avecinan y que desmembrarán el proyecto de la universidad pública.

A los detractores de los estudiantes se suma el ruido mediático cargado de demagogia, siempre dispuesto a enfilar voces que lanzan lodos contra los universitarios y confunden la opinión pública con amenazas infundadas. Azuzan, como siempre ha ocurrido, con el alegado peligro de la acreditación de la UPR y los problemas en el desembolso del pago de becas.

Poca atención deben tener esas amenazas si con la imposición de un recorte de $200, $300 o $450 millones se pierde todo.

Cierto es que la UPR debe reestructurarse, que su organigrama gerencial es inoficioso y que es importante velar por el mejor uso de sus recursos. Mas al amparo de ese intención no se puede tirar por la borda la misión social de la universidad pública que defiende el acceso a una buena educación para todos los sectores del país.

Es un momento crítico y peligroso para la UPR. Salvar su institucionalidad, de la forma en que sea necesario, debe ser un imperativo moral de nuestra sociedad.

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