Por: Dennis Márquez
A la altura del siglo XXI, algunas personas y funcionarios piensan —y promueven mediante legislación— que la tan desprestigiada política de “mano dura contra el crimen”, como el aumento desmedido y absurdo en las penas de varios delitos aprobados anoche bajo el Proyecto de la Cámara 743, será la solución al asfixiante problema de la criminalidad. Ha quedado demostrado que el aumento en las penas de delitos, por sí mismo, no es la manera eficaz de atajar problemas sociales y de la conducta humana. Es no querer entender que es necesario combatir el problema de la pobreza, transformar nuestro sistema de educación, atender la drogadicción como un asunto y enfoque salubrista, desalentar la dependencia económica y, sobre todo, vincular el problema de la criminalidad con la desigualdad social.
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Como si fuera poco, en días recientes la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, anunció el posible cierre de 300 escuelas, del sistema de educación pública. Este cierre podría poner en peligro: el derecho a la educación que garantiza el artículo II, sección V de la Constitución; el acceso a educación pública, gratuita y apropiada que garantiza la Ley 51-1996 y la Ley IDEA; el acceso de los estudiantes de educación especial al plantel más cercano a su casa; disminuye sustancialmente la oferta de escuelas apropiadas para los estudiantes; incrementa la probabilidad de hacinamiento de estudiantes en los salones, que, en promedio, exceden los 25 estudiantes; reduce la oferta de centros para ofrecer servicios relacionados con los estudiantes; podría implicar la destitución de maestros cualificados para ofrecer servicios a los estudiantes, e implicaría una crasa violación a la sentencia por estipulación de 2002, del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Vélez, la cual impide reducción de recursos materiales y económicos sin consultar a la clase.
Con este cuadro ningún resultado positivo podemos esperar cuando, por un lado, se retoma la “mano dura” y, por el otro, se destruye nuestro sistema público de enseñanza cuya función, además de educar, es fomentar los valores y conductas propias en nuestros niños y jóvenes estudiantes. A ello sumamos la andanada en contra de la Universidad de Puerto Rico y la imposición dictatorial de la Junta de Control de recortar su presupuesto por $450 millones.
Todas estas acciones son condenables y tienen como propósito estrangular todo nuestro sistema educativo para facilitar el camino a intereses privados y a los bonistas —muy bien representados por la Junta— y de menoscabar, porque no podemos pecar de ingenuidad, el derecho a libertad de expresión y de asociación. La reincorporación de los delitos relacionados con las manifestaciones, como pretenden las enmiendas al código penal, tienen nombres y apellidos: la lucha en Peñuelas en contra de las cenizas, la lucha en Playuelas y la lucha de los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico, por mecionar ejemplos recientes. Se trata de servir a los interses de la metrópolis y de amordazar el derecho a la expresión, a la disidencia, a la protesta y a las acciones concertadas por quienes aspiramos a una verdadera democracia y justicia social.
