La Junta de Control Fiscal tendrá el próximo lunes la reunión más importante desde su constitución tras la aprobación de PROMESA. El lunes, esa ley federal se hará totalmente visible ante los puertorriqueños, cuando los emisarios de Washington anuncien el plan fiscal que tiene que acatar el Gobierno local a partir de ese momento.
Ayer la Junta dio señales de insatisfacción ante el plan fiscal que anunció el gobernador Ricardo Rosselló la semana pasada. El ente federal insistió en su dura receta para atender la crisis de nuestras finanzas públicas. El gobernador respondió diciendo que parecían ellos no haber leído las medidas financieras adicionales que se anunciaron el martes. El equipo de Rosselló alega que esas medidas cierran la brecha deficitaria y fortalecen la liquidez del Estado.
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Cada cual insiste en su menú para resolver el problema, y ¿quién podrá más?
El intercambio entre el Gobierno isleño y el poder washingtoniano parece ser tenso, aunque hay quienes sugieren que se trata de un teatro para que al final se apruebe un gran acuerdo.
Pienso que la tensión tiene muchos elementos reales, aunque algunas de las partes lo exageren de cuando en vez.
El gobierno de Ricardo Rosselló se juega su legitimidad pública y viabilidad política futura en estos cuatro días próximos. Si la Junta prevalece, el Gobierno de Puerto Rico quedará finamente expuesto como una mera oficina pública para manejar asuntos internos sin importancia. Además, si la Junta prevalece, el efecto de las medidas fiscales a tomarse llevarán a discutirse desde ya la inviabilidad electoral del Gobierno de turno no tan solo de cara al 2020, sino ante el plebiscito del 11 de junio. El PNP pudiera sufrir un castigo electoral injustificado, muy parecido al ocurrido en 1998, cuando el entonces gobernador Pedro Rosselló insistió en una consulta de estatus tras el huracán Georges, a pesar de voces, como la de Norma Burgos (secretaria de Estado entonces), que le advertían que no lo hiciera.
Si la Junta insiste y el lunes se aprueba su plan fiscal sin acuerdos con la administración Rosselló, lo que ocurrirá después será interesante. La Ley PROMESA le da supremacía a la Junta para hacer lo que sea en Puerto Rico. Sin embargo, un plan fiscal como el que se propone requerirá de acciones ejecutivas y legislativas. Si Rosselló y Rivera Schatz resisten y no ejecutan el mandato federal, el escenario cambia. Por un lado, el liderato político boricua ganaría terreno aquí y evitan a su vez un caos económico inmediato. Pero, por el otro lado, se corren el riesgo de que un tribunal federal intervenga en instancias de la Junta y la situación se le complique al poder político puertorriqueño con un caso legal sin precedentes. Una orden para que cumplan con el dictamen de la Junta no electa por el pueblo, so pena de desacato y, por ende, cárcel, deslegitima nuestro gobierno y sabrá Dios en qué termina todo.
Estos cuatro días próximos serán cruciales.
