Hizo bien el gobernador Ricardo Rosselló Nevares al solicitar la renuncia inmediata del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, un personaje político que, hasta hace poco, era visto por muchos como una figura intocable dentro del Partido Nuevo Progresista.
Hizo bien el gobernador, mas se quedó corto en su intervención. No basta con requerirle al ejecutivo municipal que abandone la poltrona cuando se puede ir más lejos.
Además, nadie puede pasar por alto que el estallido del escándalo de hostigamiento sexual que ha puesto hoy contra la pared a este alcalde no es su primer traspié.
Por el contrario, son muchos los cuentos que se han vertido sobre los disturbios amorosos de este ejecutivo municipal, algunos de ellos señalados como actos que resultan de la imposición del poder, la intimidación y la amenaza.
Y ese es, justamente, el centro del problema. Cuando desde posiciones políticas hay quienes atentan indiscriminadamente contra subalternos, específicamente al imponer la fuerza de ese poderío para el abuso y la explotación sexual.
Estos atropellos contra la dignidad de los demás, cometidos por personas que pululan en círculos de poder, es un tema que debe tratarse con urgencia por las autoridades políticas y judiciales.
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Tiene razón Rosselló al indicar que “es responsabilidad de todo funcionario público cumplir con las normas éticas más estrictas en el desempeño de sus funciones y en su vida personal”. Pero, si la voluntad del político en cuestión va en dirección contraria, pretendiendo permanecer en el poder y ganar tiempo hasta que “bajen las aguas”, alguien debe tomar acción.
Por eso afirmamos que el gobernador puede ir más lejos y actuar con contundencia contra las actuaciones del líder de su partido en Guaynabo. Es un deber político y moral.
La Ley de Municipios Autónomos , por ejemplo, dispone cómo actuar contra los alcaldes que hayan violentado normas de conducta moral y ética, como “haber sido convicto de delito menos grave que implique depravación moral; incurrir en conducta inmoral… o conducta lesiva a los mejores intereses públicos en el desempeño de sus funciones”.
En esos casos, se dispone la vía para que el gobernador, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, la Legislatura o cualquier persona pueda presentar cargos contra el alcalde ante la Comisión Para Ventilar Querellas Municipales.
La pregunta es la siguiente: ¿alguien lo hará? Poco aportamos al fortalecimiento de nuestras estructuras democráticas y al avance de las relaciones de equidad y respeto, tan necesarias en estos tiempos, si nos sentamos a esperar porque el desenlace de los escándalos de O’Neill se resuelvan con el simple anuncio de una renuncia “voluntaria”.
Eso no es suficiente. Ya vimos cómo el alcalde, abrazado a la insolencia, rehusó responder al pedido del gobernador, quien el pasado sábado le exigió que explicara en detalle el caso de hostigamiento sexual en su contra y por el cual pagó $300 mil a la víctima.
Con el típico porte de patán y casanova, O’Neill ha evadido contestar sobre el tema y hasta la tarde de ayer domingo solo se había limitado a indicar que la querella de hostigamiento no fue costeada con fondos públicos y que el caso no requería una renuncia a su posición de alcalde.
Al parecer, el jefe del Penepé en “Guaynabo City” ha tratado de minimizar y trivializar la denuncia hecha por una oficial de la Policía municipal, quien le imputó haber actuado de forma violenta y temeraria tras esta negarse a mantener relaciones sexuales con él.
Nuestra sociedad no puede tolerar el asecho ni las acciones que violentan la dignidad de una persona, menos si son producto del abuso de poder de políticos que creen que la autoridad que derivan de sus posiciones les conceden inmunidad para hacer y deshacer a gusto y gana.
Esa cultura debe acabar. Como dice la canción, “todo tiene su final; nada dura para siempre”.