Debates torcidos sobre la UPR

En medio de las discusiones que se han generado sobre la situación fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y las pretensiones de la Junta de Control Fiscal de cercenar su presupuesto con un recorte de $300 millones, comienzan a salir a borbotones los enemigos de la institución.

Comentaristas radiales, de esos a quienes les aplica el mote de “todólogos”, que creen que se las saben todas, se lanzan a despotricar a mansalva contra la UPR y emplazan a las autoridades gubernamentales y a la propia Junta a tomar acción contra el presupuesto de la universidad alegando, sin datos ni estudios científicos que validen su posición, que la UPR no aporta nada al país.

Aprovechan, además, para lanzar el mar de fantaseadas propuestas sobre lo que se debe o no hacer con la universidad y sus programas académicos. Arrojan lodos contra la principal institución de educación superior puertorriqueña y proponen cercenar su oferta de cursos, cerrar recintos, reducir su nómina de profesores, profesoras y personal no docente y pulverizar los fondos de su plan de retiro.

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Todo eso y más sin fundamento. Prima así una pobreza en la discusión pública que genera un mar de confusiones y tuerce los lineamientos de un debate que es importante y pertinente en estos momentos.

El otro día, por ejemplo, en medio de una de esas conversaciones radiales matinales, totalmente inocuas, un técnico de programación intervino para anunciar su gran “descubrimiento” al observar que la aplicación de Google Maps de su teléfono móvil mostraba que la distancia entre los recintos de Río Piedras y Carolina era solo de cinco millas.

Paso seguido, arguyó la necesidad de cerrar el campus carolinense porque “para qué necesitamos dos recintos tan cerca”. Triste y banal expresión, que, además de falsa, está colmada de ignorancia.

Esa experiencia muestra una vez más cómo se han copado los espacios informativos de figuras que protagonizan discusiones insustanciales que poco aportan a la discusión seria que amerita el país, más cuando asistimos a tiempos de turbidez en que muchas cosas habrán de cambiar.

Se articulan mensajes sesgados y parcializados con los que intentan confundir la opinión pública. Convierten el comentario de pasillo en la gran noticia; presumen de tener fuentes informativas que le filtran la información “veraz”; defienden como mercenarios lo que le conviene a sus bolsillos recurriendo al ruido de sus micrófonos para amedrentar e imponer sus agendas.

En ese grupo de codiciosos comentaristas también están quienes con porte de hidalguía y aferrados a sus títulos y corbatas de seda pululan por las agencias públicas y las poderosas instrumentalidades del Estado vendiéndose, y a muy buen precio, como “expertos” estrategas del oficialismo gubernamental o “peritos” en el juego táctico del tablero político.

Que haya personas que, a cuesta de tener acceso a un micrófono o una cámara de televisión, utilicen los medios de comunicación para desinformar y despotricar contra todo lo que le desagrade, sin fundamentación alguna, más allá de agendas personalistas, no le hace bien al debate público.

En el caso de la UPR, la situación se agrava porque lo que vemos y escuchamos a diario es la desvalorización de una institución que le ha dado mucho al país y cuya contribución es incalculable. En ese sentido, el debate sobre la pertinencia de la universidad del Estado no puede ceñirse a un simple ejercicio de contabilidad, sino en relación a su función social.

La UPR necesita cambios, por supuesto. Es urgente, por ejemplo, revisar la pertinencia de una estructura administrativa inservible, comenzando por la administración central, que no ocupa ningún valor en el andamiaje universitario y que se creó en 1966 con el propósito político de exiliar a un funcionario universitario.

Todo tiene que mirarse y discutirse, pero con un poco más de inteligencia, juicio y comprensión sobre el valor que encara la primera y más importante institución de educación superior de
Puerto Rico.