Las semillas para producir cannabis medicinal son las personas que esperan hacer dinero con este negocio. Esto debe explicar por qué las autoridades del país o no saben o no transmiten la información libremente. ¿Qué fincas se estarán protegiendo?
El Departamento de Salud (DS) tiene el deber de implantar la nueva política pública sobre el cannabis medicinal con transparencia, rigor e inclusión. Los precedentes que se establezcan ahora impactarán a largo plazo asuntos tan medulares como proteger el derecho a obtener estas terapias, garantizar la libre competencia en un mercado con claros incentivos de lucro y mantener los más altos estándares de calidad, acceso a la información y fiscalización.
Debemos conocer quiénes son las personalidades involucradas en esta nueva industria; qué vínculos tienen con el gobierno de turno; si son o han sido donantes, asesores; si tienen o han tenido contratos o accesos privilegiados a las autoridades; si poseen información privilegiada que no tienen otros competidores; y quiénes se posicionan para generar ganancias económicas detrás del entramado de corporaciones y organizaciones afiliadas de aquí y fuera que han surgido recientemente y que ya operan.
¿Quiénes certifican a los médicos y otros proveedores que están requeridos de certificarse; quién los designó y basado en qué? ¿Qué es eso de “certificarse”. ¿Quiénes están cualificados para otorgar la certificación? ¿Qué tengo que hacer para convertirme en “certificador”? ¿Cuánto cobran los “certificadores” por expedir esas certificaciones? ¿A dónde va el dinero que pagan los médicos y otros requeridos por dichas certificaciones?
Hasta ahora, según publicó Metro, hay 121 médicos certificados. Si, aparte de una certificación, han pagado una licencia de $1,500, se han generado $181,500. ¿Qué uso le dará el gobierno a ese dinero?
El rastreo
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La empresa Bio Track THC, presente en 20 estados y registrada en Puerto Rico como BiotrackPR, Inc., en agosto de 2015 ganó la subasta del DS para el monitoreo electrónico de la siembra de semillas hasta la venta de productos de cannabis medicinal. Varias empresas mantienen un pleito legal contra el DS para que se revise el proceso de subasta a fondo. ¿Quién cabildeó en Puerto Rico para que Bio Track ganara la subasta?
En la iniciativa para descriminalizar el uso del cannabis medicinal que se propone para legalizar un segmento de esta economía, hasta ahora tan peligrosa y lucrativa, los cabilderos hacen el trabajo callado y sucio, y se rasgan las vestiduras.
¿Y si establecemos como política pública estructuras tipo consorcio coordinadas entre gobierno y empresa privada para promover una amplia —y abierta— participación, en los riesgos y las ganancias, por parte de los empresarios interesados, en vez de que el gobierno sea cómplice en la creación de una finca privada en el país? De lo contario, el DS será partícipe en la creación de otro cartel en Puerto Rico, el cartel del cannabis medicinal. Esta vez legitimado por nuestras propias autoridades. Por eso
yo pregunto.