Columna de Hiram Guadalupe: La nueva invasión

Todo ocurrió en la Ciudad de Nueva York, en un salón del edificio Alexander Hamilton, que ubica a la sombra del distrito financiero de Wall Street. Allí, el pasado viernes, siete individuos impuestos por el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca llevaron a cabo la transacción política que puso punto final a la efímera y colonial ilusión del gobierno propio de Puerto Rico.

Al cónclave, denominado por la ley federal PROMESA Junta de Control Fiscal, le demoró solo 29 minutos nombrar un presidente y aprobar el plan para tomar por asalto la administración fiscal del país.

A partir de ese momento, las decisiones financieras que atañen al Gobierno central, las corporaciones públicas (21 en total) y los sistemas de retiro pasaron al control de esa junta. Eso incluye al Banco Gubernamental de Fomento, la Universidad de Puerto Rico y hasta la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

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En síntesis, todo el accionar del Gobierno local, todo, estará bajo el pleno poder de esos seis individuos, quienes en los próximos días anunciarán el nombre del designado para fungir como su director ejecutivo, que será, en palabras sencillas, el encargado de que sus decisiones se cumplan a cabalidad.

Para quienes aún tenían dudas del alcance de los poderes de la Junta de Control Fiscal, sepan que se acaba de escribir el epitafio del Estado Libre Asociado, enterrando, una a una, las disposiciones de la Constitución aprobada en 1952.

Desde el viernes, el gobernador de la isla ha quedado formalmente transfigurado en un secretario de poca monta cuyo único deber es cumplir al pie de la letra y sin cuestionamientos la agenda que le impongan desde Estados Unidos y en la que no habrá por qué considerar el bienestar de la ciudadanía, sino la estabilidad y seguridad financiera de los bonistas.

El inquilino de turno en La Fortaleza ya recibió la primera instrucción de sus siete jefes. En unos días deberá entregar el estado de ingresos y recaudos del Gobierno para consumir el acto formal de transición de poder.

Luego, está obligado a remitir informes de gastos semanales y mensuales. Mas las determinaciones finales de en qué renglones se establecerán las prioridades del país y cómo se utilizarán los recursos fiscales serán materia de discusión de la Junta y no de ningún funcionario nacional nombrado o electo.

Para los historiadores, los incidentes de estos días tienen sabor a déjà vu. Lo que vivimos en el Puerto Rico del siglo XXI nos remontan a principios de 1900, cuando, luego de la invasión militar que realizó el Gobierno estadounidense, se designó al primer gobernador civil de la isla.

Entonces, el elegido por el imperio para “reestructurar” el país fue un empresario, Charles Allen, quien en poco tiempo congeló el sistema de crédito, se apropió de las tierras productivas de la costa de la isla comprándolas bajo el precio del mercado y encaminó la economía a la producción de caña que, como si fuera poco, él mismo controló bajo su empresa American Sugar Refining Company.

También impuso la política de devaluación del peso, con la que se redujo en un 40 por ciento las riquezas de los puertorriqueños y determinó el uso del dólar como moneda oficial de intercambio.

La intervención política de míster Allen en la dirección del país fue un negocio redondo para él y sus socios. En su agenda figuró el lucro y la explotación como hoja de ruta y en ningún momento hubo consideración política para atender las necesidades de nuestra población, que entonces vivía sumergida en deplorables condiciones de pobreza y desigualdad.

Hoy revivimos la película de aquella historia pero con siete nuevos protagonistas. Mientras avanza el rodaje, vemos a los políticos del país andando como corderitos, genuflexos y subyugados a la espera de las instrucciones de sus amos, dispuestos a ser “buenos socios”, sonriendo ante la nueva invasión. Y todavía se atreven a decir que gobernarán.