Es evidente que no siempre la experiencia nos hace aprender lecciones. O, por lo menos, resulta claro que aquello de que “el que no coge consejos no llega a viejo” es comúnmente ignorado por nuestra clase política. Eso, una profunda ingenuidad o un amor inexplicable por el peligro —así, a lo Cool Mac Cool— podría explicar cómo siguen siendo noticia, cuatrienio tras cuatrienio, esquemas de corrupción que tienen como telón de fondo la recaudación de dinero para campañas políticas.
El más reciente caso es el del recaudador Anaudi Hernández. Pero, si miramos nuestra historia reciente, el caso de Anaudi tiene un dejo de déjà vu. Cambiemos los protagonistas, el año y las repercusiones y de seguro que habremos escuchado esta historia antes.
Está claro que romper las reglas, violar la ley y querer pasarse de listo es una decisión individual. Para hacerlo, median nuestras circunstancias individuales e indudablemente nuestra escala de valores. Pero, detrás del problema recurrente de la corrupción en nuestra clase política, hay raíces evidentes que nos hemos conformado con ignorar. ¿La principal de ellas? La aportación de capital privado a las campañas políticas. El vínculo es sencillo. Salvo contadas excepciones de aportaciones motivadas por la simpatía con los candidatos y sus ideas, el dinero privado ha probado ser un vehículo de trueque, un intercambio de bienes. Por una parte, está el partido o sus oficiales electos. ¿Qué ofrecen? Poder. Acceso a la toma de decisiones. Las inmensas posibilidades de sus votos y lo que pueden conseguir. Abrir o cerrar puertas a proyectos, individuos e ideas. Por otra parte, el capital privado, ese que tiene a la venta (para quien quiera comprarlo) el poder del dinero, ese que paga campañas y ayuda a ganar elecciones, una especie de toma y dame que raya en lo abiertamente antiético y confiere a nuestro sistema “democrático” un carácter de material de compra-venta. Resulta irónico, sin embargo, que sea ese sistema uno de los pilares del aparato “democrático” que permite a las figuras de nuestra clase política acceder a posiciones de poder.
Hace falta ser ingenuo para pensar que lo que mueve a seguros, planes médicos, constructores y empresarios privados a dar de su capital a candidatos o partidos es la caridad o una inocente simpatía. Indudablemente, el poder económico busca en la aportación privada “la deuda del favor”. La filosofía del “yo te doy y tú me das”. Cada billete entregado para impulsar una candidatura va marcado con el sello del favor que espera ser devuelto.
Por ello, no debe sorprender a nadie que actos como estos ocurrieran, ocurran y continúen ocurriendo. Para evitarlo, sería preciso revisar nuestro sistema de recaudación política para arrancar de raíz el germen de la corrupción en la recaudación de campañas. No hacerlo será darle permiso de pase a la violación de nuestras leyes una y otra vez.