Columna de Hiram Guadalupe: Favoritismo en La Parguera

Los cuerpos legislativos y las agencias públicas están repletas de funcionarios, electos y designados, quienes conciben las posiciones que ocupan como trampolín para ganar influencias, poder y dinero. Por eso vemos cómo muchos ejercen la autoridad de sus cargos para impulsar medidas o tomar decisiones a favor de grupos particulares, que en la mayoría de los casos van contra el interés colectivo.

Ejemplo de ello es la aprobación del Proyecto del Senado 1621, votado minutos antes de finalizar la última sesión legislativa del año y que, con la fuerza del mollero ejercida por el veterano senador Antonio Fas Alzamora, del Partido Popular Democrático (PPD), se imprime legalidad a las residencias que ubican en la zona marítimo terrestre de La Parguera.

La medida otorga permiso de arrendamiento por cuarenta años a las vistosas y lujosas casas que han sido construidas sobre pivotes en una zona protegida, legitimando el derecho al uso de la superficie de las porciones de terrenos públicos y de agua que ocupan dichas estructuras.
Poco sirvieron las alertas en torno al carácter ilegal que tienen esas residencias y las advertencias hechas por diversos grupos, entre ellos la secretaria de Recursos Naturales, Carmen Guerrero, quienes señalaron el deber del Estado en la protección de nuestros recursos naturales.

Los legisladores que aprobaron este proyecto ignoraron todos los señalamientos de expertos y defensores del medio ambiente que apuntaban al hecho que esa zona marítimo terrestre no es susceptible de apropiación privada, además de no existir en nuestro ordenamiento jurídico derecho de superficie sobre el agua.

No podemos pasar por alto que esas residencias resultan de un proceso de invasión ilegal que data de medio siglo y que está ampliamente documentado en estudios e investigaciones científicas y académicas. 
Informes divulgados recientemente por el profesor Manuel Valdez Pizzini, en su portal Antropikos, cuentan la génesis de este problema, cuando en 1964 se libró una lucha intensa en el litoral de La Parguera, que abarca la zona de manglares de Lajas y Cabo Rojo, entre el Departamento de Agricultura y un grupo de familias con altos recursos económicos que habían ocupado ilegalmente la zona.

Entonces, narra Valdez Pizzini, los funcionarios públicos intervenían con las construcciones ilegales en una batalla por conservar el patrimonio del pueblo de Puerto Rico. Destruían muelles, evitaban la reconstrucción de las mismas, cercaban con alambre de púas los accesos y hacían los señalamientos de rigor ante todas las autoridades concernidas. 

“(Los invasores) daban la pelea de todas las maneras posibles: demandas, contra-demandas, solicitud de los servicios básicos de agua y electricidad para legitimarse, acusaciones en diversas instancias contra los funcionarios, cuestionamientos sobre el derecho del Estado, la titularidad de los terrenos y la validez de las colindancias, violencia, amenazas contra la vida y una insistencia en volver a construir los muelles y las casas en el agua, algunas ‘inmensamente grandes’”, apunta el destacado antropólogo.

La síntesis de este conflicto debe ser revisada como una asignatura obligada para nuestra ciudadanía y está disponible en  https://antropikos.com/2016/07/01/el-origen-de-la-cosa-ensayo-brevisimo-para-quienes-se-preocupan-por-la-parguera-hoy/.
Debe, además, ser materia de reflexión para el gobernador Alejandro García Padilla, quien tiene en sus manos el poder para vetar esta legislación que no tienen justificación en términos legales ni ambientales, a no ser por la sospecha de que tras ella se oculta un tráfico de influencias y favoritismo.

Sin embargo, a lo que sí deberíamos estar brindándole atención legislativa urgente es al Proyecto del Senado 674 que propone la aprobación de una Ley de Costas en Puerto Rico, con el fin de garantizar el acceso a nuestras playas, proteger los recursos naturales, históricos y culturales de nuestro pueblo y ampliar la zona designada como marítimo terrestre.

Esta medida, lamentablemente, fue bloqueada en la Asamblea Legislativa luego de haber sido presentada por la senadora María de Lourdes Santiago, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño.
Estamos a tiempo para hacer las cosas bien y evitar los desmanes que devienen de la imposición de grupos privilegiados que buscan imponer sus intereses privados a costa del beneficio colectivo, como es la privación del uso de nuestras costas y litorales.