Columna de Rafael Lenín López: El caso Lorenzo y la TV

El país lo vio todo: de principio a fin. Estoy hablando del caso que concluyó el martes en el Tribunal de Bayamón contra Luis Gustavo Rivera Seijo, el hombre al que alguien apodó el Manco por su impedimento físico y así se quedó.

La jueza Vilmarie Soler determinó que no es posible llevar a un juicio por asesinato al hombre que el Departamento de Justicia ha dicho que asesinó al niño Lorenzo González Cacho hace seis años en su casa en Dorado. Ya otro juez había determinado lo mismo.

Lo distinto en esta vista preliminar en alzada fue que el Tribunal Supremo, a petición de los periodistas, accedió a que el proceso se transmitiera con audio y video en directo. Y en eso me quiero enfocar, no en el issue legal que se está debatiendo.

La lucha por la entrada de los fotoperiodistas y las cámaras de televisión para transmitir en vivo los procesos judiciales es una que se dio en Puerto Rico desde la década de los 80, cuando la Asociación de Fotoperiodistas, al mando de Ismaelito Fernández, y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), al mando de distinguidos compañeros, hicieron por primera vez el reclamo.

Por diversas razones, la historia me permitió, estando hace tres años al mando de la Asppro, finiquitar esa lucha estando en la presidencia del Tribunal Supremo el ahora exjuez Federico Hernández Denton. 

Aunque la lucha no ha alcanzado su meta final para que esa apertura sea la norma y no la excepción, el país hoy puede conocer mejor la forma en la que opera una de sus tres ramas de gobierno.
Los que aún critican esa apertura, en su mayoría miembros de la comunidad legal, sostienen que ello incide negativamente sobre los procesos judiciales. Nada más lejos de la verdad y este caso que recién ha concluido es muestra de ello.

En este caso vimos cómo la transmisión no afectó los procedimientos, y el Estado no dejó de presentar la prueba que tenía en agenda por causa de ello. Incluso, cuando se presentó prueba sensitiva, como el testimonio de la hija ya mayor de edad de Ana Cacho, se activó un remedio que ya se había discutido con la Rama Judicial para proteger ese tipo de evidencia, excluyéndola de la transmisión directa.

En esta vista preliminar en alzada, la fiscalía presentó la prueba que tenía disponible. La defensa continuó su estrategia, y el Tribunal falló en contra del Ministerio público.

El país, para el cual tienen que responder estos oficiales públicos observó, aprendió y pudo fiscalizar, sin que mediaran interpretaciones, el proceso judicial en su totalidad.  Sobre todo, después de tantas dudas tras la vista preliminar inicial.

Las transmisiones de los procesos judiciales le dan más confianza a la gente sobre esa rama, más oportunidad de que se entiendan las decisiones de los jueces y más esperanza para quienes piensan que la justicia se imparte siempre solamente para algunos.  Aquí fue un abogado del Servicio de Asistencia Legal, oficina que atiende a los más pobres, el que derrotó la maquinaria del Gobierno, que cuenta con todos los recursos monetarios e investigativos para adelantar un caso.

Además, este acceso sirve para que el gobernador, sea quien sea, sepa que sus nombramientos judiciales, aun obteniendo la confirmación política de la Legislatura, estarán ahora bajo el constante escrutinio público.

Otra vez, la apertura a la prensa en los tribunales del país demostró ser una necesidad.

Mi exhortación a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, y a quienes dirigen los gremios periodísticos en estos momentos es a que trabajen para que lo que es un “plan piloto”, en el que la prensa está a la merced de decisiones esporádicas, sea una norma general. Que el país vea todos los casos, aunque no sean notorios, en todas sus etapas y en todos los tribunales.

Así tendremos un país más educado y un gobierno más transparente.