Columna de Alex Delgado: ¿Qué dice la junta de control fiscal?

Esta semana se supone que baje a votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos el proyecto PROMESA, que crea la famosa junta de control fiscal federal (JCFF) sobre el incontrolable Gobierno de Puerto Rico.

Mucho se ha debatido sobre el proyecto y la mayoría de la ciudadanía se deja llevar por lo que escucha, probablemente sin leer. ¿Qué dice PROMESA? El proyecto es extenso y me limitaré a ir sobre los puntos que tienen mayor importancia.

Luego de más de 30 años de desastre administrativo, corrupción gubernamental, indiferencia de los Gobiernos locales para penalizar dichos actos y hacer las cosas correctamente, PROMESA cede a la JCFF un poder supremo por cinco años. Dicho poder supremo se activa cuando nuestro Gobierno local insista, durante ese periodo, en seguir haciendo las cosas mal, presupuestando con engaños.

La JCFF tiene “la autoridad de realizar audiencias, requerir información y emitir citaciones… Imponer cargos criminales a quien someta información falsa o engañosa (sabiendo que es falsa o engañosa) y que se niegue a seguir órdenes de la junta… La autoridad para impedir la ejecución de legislaciones, decretos, reglamentos, normas y contratos que socaven las iniciativas de crecimiento económico o violen la ley”. ¿Y qué quieren los que se oponen? ¿Una junta que podamos pasarnos por donde no nos da el sol, que nos permita dar información falsa, engañosa, que no nos requiera información y que nos deje violar la ley?

Permite que se entre en una reestructuración de la deuda del país. No obstante, hay una parte que indica que debe ser respetando “las prioridades legales relativas o gravámenes legales, según sea aplicable, en la Constitución, en el mejor interés de los acreedores”. Aquí se refiere a las obligaciones generales del Gobierno que garantiza la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA). En ese sentido, no dice nada que no diga nuestra propia Constitución. Dentro de ese renglón, indica que “considera factible que Puerto Rico y sus instrumentalidades están obligados a hacer pagos de intereses programados durante toda la estancia de la junta”. Eso es parte de una reestructuración, pagar los intereses y aguantar pago del principal, y es a lo que entiendo se refiere con que sea algo en el mejor interés de los acreedores. Lo que desean muchos de los que se oponen es cero pago, como si eso no tuviera ningún efecto adverso.

No dicen estos grupos que PROMESA “incluye suspender las demandas” de los acreedores contra el Gobierno para poder propiciar un ambiente de negociación productivo entre las partes. ¿Es la reestructuración y la prohibición de demandas lo que quieren los acreedores? No creo.

Indican los opositores que la JCFF puede virar presupuestos creados por el Gobierno local. Sin embargo, no dicen que eso ocurriría solo si el presupuesto está desbalanceado, si tiene información falsa, si no tiene los ingresos y gastos proyectados correctamente, en fin, si lo que hacen es una chapucería. ¿Es irrazonable que la JCFF no autorice chapucerías? Dice el proyecto que, si el Gobierno entrega un presupuesto desbalanceado, ellos les hacen las recomendaciones que procedan y el Gobierno vuelve a someter. Si lo que siguen presentando son chapucerías, entonces es que la JCFF toma el poder de hacerlo como debe ser. ¿Está mal obligar al Gobierno a hacer las cosas bien?

Indica el proyecto que Puerto Rico es el país 135, de 189, en eficacia a la hora de otorgar permisos de construcción, por lo que promoverá procesos rápidos en la otorgación de permisos, incluyendo cuando involucre a agencias federales. ¿Cuánto detiene el desarrollo económico los tediosos procesos de permisos para infraestructura en la isla? No le tengo que contar.

Otro “cuco” es que la JCFF bajará el salario mínimo federal a $4.25. Esto es lo que dice PROMESA: “Otorga al gobernador (de Puerto Rico) LA AUTORIDAD para designar un periodo de tiempo no superior a cinco años durante el cual los empleadores pueden pagar a los empleados que trabajan inicialmente, después de la fecha de promulgación de PROMESA, un salario que es inferior al salario mínimo nacional”. Todos los candidatos a la gobernación han dicho que no bajarán el salario mínimo, y es una prerrogativa del que sea gobernador. ¿Cree usted que un gobernador haría algo así? Creo que no lo haría, aunque no vaya a la reelección.

Sobre el poder de la JCFF para suspender leyes estatales, dice que es “si no tiene un cálculo del costo asociado, la JCFF se concede la autoridad para impedir la aplicación de dicha ley”. ¿Ha escuchado usted la cantidad de leyes que nuestros legisladores crean sin identificar de dónde saldrá el dinero? ¿No son esas leyes, cuyo único propósito es ganar votos, parte del desastre financiero? ¿No debe alguien ponerle la tapa al pomo para evitar que este desastre siga creciendo?

Como les he dicho, son muchos los intereses ligados al Gobierno los que no quieren que una JCFF les corte el guiso ni sus influencias para beneficiar sus bolsillos a costa del suyo, amigo lector. ¿No presentó la actual administración un “presupuesto por primera vez balanceado” hace dos años? Luego, resultó que estaba descuadrado. Eso es muestra de que nuestros políticos no tienen voluntad de cambiar.

No sé si se apruebe en Cámara. Hay que reconocer que es un proceso cuesta arriba. No obstante, si no pasa nada, se avecinarán tiempos mucho más tormentosos. PROMESA es lo menos malo, y en parte nuestros políticos lo han provocado, les guste o no. La JCFF ha funcionado en otras jurisdicciones que hoy están 20 veces mejor que Puerto Rico.