Ayer un comité congresional aprobó el llamado proyecto PROMESA, que propone establecer para Puerto Rico una junta de control fiscal federal y un cuestionado mecanismo de reestructuración para nuestra deuda pública. Ahora el proyecto está en calendario para votación en el pleno de la Cámara y comienza la batalla en el Senado de Estados Unidos, un cuerpo político de acceso mucho más restringido.
Aunque “la calle”, ese abstracto que solemos citar desde los medios para aludir a la mayoría, parecería seguir a favor de la tal junta bajo la premisa de que es necesario que el americano venga a poner orden en la casa, he escuchado comentarios más racionales en los últimos días, comprendiendo que el remedio que propone la metrópoli es un golpe al mismo derecho del ciudadano a escoger quiénes toman las decisiones en el Gobierno, aunque no hayan sido necesariamente las más sabias.
Y mientras un sector de la clase política ha intensificado su oposición, enfilando sus cañones al Senado federal, otro anda resignado buscando “mejorar” el lenguaje de la pieza legislativa. Algunos más radicales en el partido de gobierno, si así se les puede llamar, como Miguel Pereira y Antonio Fas Alzamora, hablan de renunciar o de suspender las elecciones si llega la junta.
Todo lo que está ocurriendo tiene que ver con incapacidad político-legal del Gobierno de Puerto Rico de resolver sus decisiones. A eso le sumamos las malas decisiones de muchos de los gobernantes que hemos tenido por los pasados 20 años. Por ende, es culpa de las mayorías electorales que los han puesto en el poder.
Los electores puertorriqueños creyeron en los 90 en el “se puede” y ridiculizaron a la candidata que decía lo contrario. Veinticuatro años después queda demostrado que ella tenía razón. Hemos observado, por los pasados 15 años, a los partidos que se han alternado el poder diciendo que han estado tomando las acciones para poner la casa en orden y salvar las finanzas públicas. Nada más lejos de la verdad.
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Muestra de ello es que, el pasado lunes, el gobernador García Padilla presentó el presupuesto para el próximo año fiscal a la consideración de la Legislatura. Lo hizo al no poder esperar más por la salvación del norte.
Para sorpresa de muchos, lo anunciado no se trató de un ejercicio revolucionario de contabilidad ante la coyuntura en la que nos encontramos. No se observa una reestructuración del Gobierno con un recorte de gastos. El ejercicio consistió en sacar del medio el pago del principal de la deuda pública, pagar solo los intereses y mantener el gasto del Gobierno como si nada.
El gobernador ha dicho que lo que hicieron los legisladores al eliminar el aumento en el impuesto conocido como B2B le quita argumentos para combatir la junta fiscal. Creo que el presupuesto presentado tiene la misma consecuencia para el propio ejecutivo, pues no adopta un ápice de lo que han recomendado los propios asesores del Gobierno —entre estos Ann Kruger— para atender el problema estructural que nos ha traído a este punto.
Peor aún, ha trascendido que el presupuesto recomendado podría llevar al Gobierno a aumentar la nómina pública en la madeja burocrática que tenemos, sin la más mínima alteración. Y sabemos lo que ello implica en un año electoral.
El presupuesto presentado es más de lo mismo y se anuncia con las premisas que hemos escuchado antes: que es uno balanceado, que no presenta un estimado irreal de recaudos, que no depende de impuestos nuevos y que no implicará préstamos. Claro esto último se asevera porque Puerto Rico no tiene otra opción ante su panorama ante los mercados.
En medio de todo esto, a la vuelta de la esquina tenemos las primarias del 5 de junio. El proyecto PROMESA ya comienza a incidir sobre las contiendas que están en juego. Ayer, en medio de la discusión pública, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá hizo un llamado a votar en contra de Pierluisi por su respaldo a la legislación congresional. Muy bien sabe Acevedo Vilá que un triunfo del comisionado aleja las posibilidades de éxito de David Bernier el 8 de noviembre.
Así que, pendientes de la junta, pero también de los mensajes en la cosa local.