Columna de Mariliana Torres: Acceder a la información pública es un derecho

Por Mariliana Torres @MarilianaTorres

Hoy es un día importante para la prensa del país, pero, sobre todo, para los ciudadanos que residimos en Puerto Rico. Resulta que la Legislatura quiere hablar de transparencia y el derecho a acceder a la información pública. Por fin la Cámara de Representantes comenzará la discusión en audiencias públicas del Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación e Información Pública. La consideración del proyecto cae como anillo al dedo en esta coyuntura que estamos viviendo los puertorriqueños, pues ahora más que nunca necesitamos transparencia en el quehacer de la política pública. Este quijotesco paso contra todos aquellos que prometen transparencia y después cierran los libros no será fácil. Tratar de convencer a los políticos que abran sus libros por derecho para examinar será un camino pedregoso. Investigar algunos entuertos y descubrir el pillaje de otros siempre ha sido censurado. Pero tanto la prensa como los ciudadanos tienen el derecho a rebuscar los documentos porque son públicos. Tanto el Centro de Periodismo Investigativo y la organización Espacios Abiertos merecen todo nuestro apoyo y felicitación por este paso que sin duda enaltece la libertad de prensa y expresión.

¿Por qué debemos defender el proyecto?

A todos los periodistas activos que realizan investigaciones se les han negado documentos públicos. Igualmente ocurre cuando un ciudadano toca la puerta de una agencia y le dicen descaradamente que el documento solicitado es confidencial o tiene cláusulas de privacidad. Si eso sucede, el Gobierno está violando un derecho, pero, más que todo, no puede vanagloriarse de que es transparente. Ya que estamos en año eleccionario, es bueno recordarles a nuestros dirigentes que los votantes tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones de política pública, cómo y en qué se gastan los fondos públicos, en qué se invierte, cuántas pérdidas hubo y el estatus administrativo de cada agencia. Y ¿por qué no? También es meritorio que se conozca el buen servicio y el cumplimiento. No debería ser necesario que la prensa recurriera a la vía legal para poder obtener la información peticionada. Es que se supone que, si se solicita un documento que es público, se entregue sin remilgos. Pero, como si fuera un acto de ocultismo, no aparecen ni los estados financieros ni los contratos. Es evidente que algo ocultan, porque el Gobierno entra en pánico cuando se habla de fiscalización pública. Un gobierno que fomenta la transparencia tiene voluntad política y sociedades robustas. Como es mejor tarde que nunca, debemos aplaudir que se permita la discusión de esa problemática de falta de acceso para que el pueblo conozca sus derechos. La defensa del proyecto debería ser encabezada por las organizaciones periodísticas, las universidades, las fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, en fin, por todos aquellos ciudadanos que en algún momento les han cerrado las puertas.

¿Sabía usted que hay una orden ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla que exige la famosa “transparencia” basada en acceder a la información? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se insiste en negar los documentos que la prensa y los ciudadanos solicitan? Solo si el o la periodista prueba legítimo interés y su derecho constitucional a la información pública, tal como también le aplica a cualquier ciudadano para fiscalizar la gestión pública, es que le entregan el documento. De dar paso al Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación e Información Pública, usted y yo podemos acceder a la información pública del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo las tres ramas de gobierno, las corporaciones públicas, municipios y las alianzas público-privadas. Además, se podrán acceder a documentos que se hayan llegado a acuerdos que involucren traslados o tenencia de información, actos producto de la gestión de servidores públicos, así como transacciones en las que el Gobierno sea parte. Cabe señalar que no aplicaría a investigaciones criminales o legislativas en progreso que se pudieran afectar, sumarios fiscales, planillas de contribución sobre ingresos individuales de personas naturales y los informes financieros requeridos bajo la Ley de Ética Gubernamental.

Con la aprobación del proyecto todo el pueblo gana, porque fortalece la democracia y los derechos de los ciudadanos. Además, el Gobierno daría cátedra de transparencia y, ante la Organización de las Naciones Unidas, podría invocar ser ejemplo de responsabilidad social.
 

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