Columna de Hiram Guadalupe: Vasallos de los bonistas

Al asomo del periodo más intenso de la campaña electoral, observamos cómo para la generalidad de los candidatos de los partidos políticos mayoritarios del país, y en temas relacionados con cómo tratar el tema de la deuda pública, existen más coincidencias que divergencias.

Por ejemplo, en medio de una crisis económica de grandes proporciones, ante la que hay que tomar decisiones urgentes para proteger el orden social y los servicios esenciales del país, se perciben los ánimos de muchos políticos de carrera en impulsar acciones que favorezcan los intereses de los bonistas asegurando, con énfasis, la importancia de salvaguardar sus pagos.

Desde la esquina roja, en representación del Partido Popular Democrático, el representante Rafael Hernández Montañez se ha convertido en el principal vasallo de los bonistas. Su afán por defender a los acreedores lo ha convertido, además, en punta de lanza de sus disputas con el gobernador, justo cuando el mandatario se mantiene firme en su posición de presionar a los tenedores de deuda para obligarlos a entrar en un proceso de renegociación.

Hace unas semanas, Hernández Montañez, que dirige la poderosa Comisión de Hacienda de la Cámara, pataleteó a favor de su postura para incluir enmiendas en la recién aprobada Ley de Moratoria y Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico a los fines de proteger los dineros para pagar los bonos de obligación general.

Su cantaleta no llegó lejos y, por suerte, no se generó el consenso necesario entre su delegación política para favorecer la medida. Ahora, en un nuevo capítulo de su cacareada defensa a los grandes intereses, insiste en que el nuevo presupuesto debe reservar, como prioridad, una partida para el pago de la deuda.

Su obsesión vuelve a chocar contra el primer ejecutivo, quien lleva varias semanas advirtiendo que el nuevo presupuesto que se presentará a la Legislatura no contempla fondos para el pago de la deuda.

“Nos encontramos ante una coyuntura histórica y compleja en la que tenemos que tomar como única consideración el bienestar de los puertorriqueños”, ha dicho atinadamente el gobernador mientras insiste en que los recaudos gubernamentales no se destinarán para el bolsillo de los acreedores.

Desde la esquina azul, personificada en la figura del representante del Partido Nuevo Progresista Ricardo Llerandi Cruz, entre otros militantes de esa colectividad, también se ha evidenciado interés en procurar que el presupuesto del país cubra el pago de los acreedores por encima de las necesidades de la población.

Hay entre esos políticos un afán desmedido por inclinar la balanza de los recursos del Estado para favorecer el capital, aunque algunos pretendan moderar sus narrativas aludiendo a la idea insulsa de concertar diálogos con los bonistas para “resolver” el dilema de la deuda, como si hubiera entre los acreedores disposición a negociar.

Lo cierto es que, en las últimas décadas y con contadas excepciones, políticos del bando rojo y azul pululan en la misma dirección, convergiendo frente a posturas a favor de los bonistas, favoreciendo políticas de privatización de bienes del Estado, apoyando la degradación del servicio público e impulsando otras medidas de corte neoliberal que anteponen los intereses del gran capital por encima del bienestar ciudadano.

Ahora, cuando está próximo a arrancar el debate presupuestario y al inicio de la contienda de cara a las elecciones de noviembre, comienzan a florecer los cabilderos que representan firmas de bonistas en la isla con una funda de dineros para repartir entre candidatos.

Desde el Capitolio, por ejemplo, se escuchan cuentos de escenas espeluznantes protagonizadas por estos intrigantes intercesores que van torciendo a billetazos brazos de políticos para impedir cualquier intento de renegociación de la deuda y conseguir fondos para el pago de sus bonos.

La presión es fuerte, aseguran fuentes que pululan en esos gélidos pasillos. Mas lo terrible de esas historias es que también narran cómo se escurren políticos rojos y azules ante la voluntad de los bonistas a cambio de donaciones para campañas electorales que poco provecho ofrecen al país.