Columna de Hiram Guadalupe: $42 millones al desperdicio

Por Hiram Guadalupe @hiramgp

Mientras que el embeleco del escrutinio electrónico le costará al pueblo puertorriqueño cerca de $42 millones, la confiabilidad por su funcionamiento está en vilo.

Al momento, hay más dudas que certezas sobre la seguridad de un proceso de conteo automatizado de votos, que debería estar listo para inaugurarse con las primarias del próximo 5 de junio.

La pasada semana, en una vista celebrada en la Cámara de Representantes, los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), al mando de su presidenta Liza García Vélez, hicieron el ridículo ante el país tras no poder contestar con convicción las dudas —legítimas— presentadas por algunos representantes cuyo objetivo era mostrar cómo sería el proceso de votación electrónica y consignar la fiabilidad de ese nuevo sistema.

El presidente de la Comisión de Gobierno de ese cuerpo, el representante José “Conny” Varela, lució magistral en el contrainterrogatorio a la jefa de la CEE, quien, una vez más, dejó mostrada su inhabilidad como funcionaria pública.

Lejos de la ineptitud de García Vélez, cristalizada en sus continuos titubeos y su incapacidad persuasiva, la vista no solo reflejó la desconfianza que existe sobre la propuesta de instaurar el mecanismo de conteo y recuento electrónico de votos, sino, además, el mal manejo en el proceso de impresión de papeletas que la CEE dejó en manos del juicio de la empresa fabricante Dominion Voting System.
Según indicaron los funcionarios de la CEE, para lograr una lectura correcta de las papeletas, las costosas máquinas de escrutar votos, por las que pagaremos $38.3 millones, requieren un papel y una tinta específica que, trascendió, incluye un estándar de calidad que es establecido por la misma empresa Dominion.

Bajo ese criterio de calidad, Dominion descartó la posibilidad de contratar a empresas puertorriqueñas dedicadas a la impresión de papeletas (que hay varias) y sugirió algunas otras estadounidenses. El saldo neto fue la contratación de una compañía extranjera que se llevó un contrato de $4.2 millones y que no se otorgó mediante un proceso formal de subasta.

Es decir, ahora, en medio de una crisis fiscal que mantiene asfixiado al país, se decidió pagar poco más de $4 millones por producir 13 millones de papeletas, mientras que el promedio de inversión en eventos electorales primaristas anteriores, como el del 2012, ha sido de $235 mil por nueve millones de papeletas.

Pero ese no es todo el escándalo. El cacareo sobre la importancia de mantener controles en la calidad de impresión de las papeletas, acorde a las exigencias de la empresa fabricante de las máquinas lectoras, se fue al suelo cuando el representante Varela introdujo en uno de los aparatos de Dominion el facsímil de una papeleta que había fotocopiado en su oficina.

La máquina leyó con facilidad aquella hoja calcada, develando el fraude de la contratación de Dominion y de sus exclusivas papeletas.

Las dudas que presentaron varios representantes por el proceso de votación electrónica también incluyeron cuestionamientos sobre la seguridad de las maquinarias en caso de producirse alguna suspensión temporal del servicio de energía eléctrica o qué hacer si se necesitara con urgencia imprimir nuevas papeletas.

Por otro lado, al margen de la importancia o no que tenga para el país el establecimiento de un sistema de escrutinio electrónico, la innegable situación de insuficiencia fiscal y crisis económica en que vivimos levanta el cuestionamiento del valor que representa una inversión de tal magnitud que, ni tan siquiera, puede garantizar seguridad.

Cualquier ciudadano, valiéndose del sentido común, podría disputar el orden de prioridad que utiliza el Gobierno para disponer de sus recursos fiscales. Qué es más urgente e importante: ¿pagamos las terapias de niños, niñas y adolescentes de educación especial o invertimos $42 millones en unas máquinas de dudosa reputación para contar votos?

¿Destinamos parte de esa cuantía que se le otorgó a la CEE para abonar a la deuda de nuestros transportistas y contratistas del Gobierno o aportamos algo para saldar parte de lo adeudado a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios directos a nuestra población?

En medio de una crisis, el Gobierno ha lanzado $42 millones al desperdicio.

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